Según ha señalado el Departamento que dirige Isabel Rodríguez, ocho de cada diez españoles consideran que debe priorizarse el derecho a la vivienda como un derecho constitucional frente a su consideración como un bien de mercado, mientras que el 76% cree que el Estado debe intervenir en el mercado «tanto como sea necesario» para garantizar el acceso a la vivienda.
Vivienda ha puesto el foco especialmente en el respaldo a la ampliación del parque público. El 91,4% de los encuestados considera que las administraciones deberían construir más vivienda pública y el 83,1% apoya recuperar viviendas públicas que fueron vendidas a empresas.
En este sentido, el Ministerio ha recordado que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla una inversión de 7.000 millones de euros y ha destacado también el papel de la empresa estatal Casa 47 en la ampliación del parque público.
APOYO A LIMITAR LOS PISOS TURÍSTICOS
El Ministerio también ha resaltado que el 75,6% de los encuestados se muestra a favor de limitar los pisos turísticos. Entre las medidas impulsadas por el Gobierno en este ámbito, ha señalado la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar que las comunidades de propietarios puedan limitar estas viviendas y la creación de un registro de alquileres turísticos.
Asimismo, ha destacado el respaldo a la congelación de los alquileres durante dos años, apoyada por el 70,6% de los encuestados, una medida que el Gobierno contempla dentro del marco de la Ley de Vivienda.
APOYO A LA COMPRA Y A LAS MEDIDAS FISCALES
Por otro lado, Vivienda ha señalado que el 95,4% de los encuestados respalda una rebaja de impuestos para la compra de la primera vivienda y ha relacionado este resultado con el programa ‘Tu Casa’, que contempla préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para facilitar el acceso a una primera vivienda.
El Ministerio ha subrayado también el apoyo a otras medidas recogidas en el Real Decreto-ley 29/2026, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado martes, y ha defendido que los resultados del barómetro muestran un respaldo mayoritario a las políticas de intervención del mercado y ampliación de la vivienda pública.
La publicación de estos resultados coincide con la conmoción por la muerte ayer de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años que fue desahuciada de su vivienda en Madrid hace dos semanas, convertida en imagen de la lucha por la vivienda digna y que motivó la aprobación de dos reales decretos-ley con medidas en materia de vivienda que, posteriormente, fueron rechazados por el Congreso y que, a su vez, fueron el detonante para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantara las elecciones generales al 29 de noviembre.
El rechazo de estos decretos provocó, asimismo, grandes manifestaciones y acampadas en todas las plazas de España, convocadas por el Sindicato de Inquilinas, que aún las mantiene y que, junto con otros sindicatos como CCOO y UGT, ha convocado una huelga general por la vivienda para el próximo 11 de noviembre, dos días antes del inicio de la campaña electoral.
Esta misma semana, el martes en Consejo de Ministros, el Gobierno volvió a aprobar los dos reales decretos-ley en materia de vivienda, con algunas modificaciones, y el primero de ellos, que paraliza los desahucios a personas vulnerables en viviendas de fondos ‘buitre’, entra en vigor precisamente este jueves. Quedan pendientes, no obstante, de ser convalidados o derogados por la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que rige la Cámara Baja en periodo electoral.
CONVENIO CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA
El pasado mes de agosto, el CIS firmó un convenio con el Ministerio de Vivienda para realizar este estudio, que tiene un presupuesto de 288.000 euros.
Según el convenio, recogido por Europa Press, ambas partes han diseñado el estudio teniendo en cuenta «necesidades de información para planificar y evaluar políticas públicas llevadas a cabo con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda recogido en la Constitución».
«Obtener información sociológica de calidad en relación con el derecho a una vivienda digna y adecuada, resulta esencial para garantizar la oportunidad y acierto de las políticas públicas que puedan planificarse, implementarse y evaluarse en este ámbito», especificaba el documento.
Las entrevistas han estado diseñadas para explorar, entre otros, aspectos como la importancia de la vivienda respecto a otras áreas de interés, la demanda y accesibilidad a la propiedad o el alquiler y la valoración y preferencia sobre políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a la misma.
Asimismo, se ha preguntado sobre otros temas de interés coyuntural como los relacionados con la proliferación de la vivienda turística, la concentración de la propiedad inmobiliaria, la inversión inmobiliaria extranjera y aquellos otros que se identifiquen como relevantes por el ministerio y acuerden las partes en el seno de la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control del convenio.
Este será el tercer Barómetro de Vivienda realizado por el CIS. El primero data octubre de 2014 y se centró en la situación habitacional tras los años posteriores a la crisis inmobiliaria. El segundo, sobre vivienda y alquiler, se hizo en abril de 2018 y anteriormente, en abril de 2010 se había hecho uno sobre jóvenes y vivienda.
La vivienda viene apareciendo como principal problema de España en los barómetros del CIS ininterrumpidamente desde diciembre de 2024, y marcó su récord el pasado mes mayo al figurar como tal en el 48,8% de los cuestionarios.