PALMA, 8 (EUROPA PRESS)
El PSIB ha recalcado que la limitación de los precios de la vivienda es una «competencia autonómica» y ha censurado que el Govern no permita a los ayuntamientos aplicar estos topes en los alquileres.
La diputada socialista Teresa Suárez ha recalcado que el problema de la emergencia de la vivienda se ha «extendido» de tal manera en Baleares hasta el punto que ahora, «todos son vulnerables», según ha indicado el PSIB en un comunicado.
El motivo es que las personas trabajadoras que tienen un contrato de alquiler, se les puede acabar de aquí a un año o unos meses y «no saben dónde ir» porque su sueldo «no les permitirá hacer frente a las subidas de los precios del alquiler». «La vulnerabilidad se ha extendido con el problema de la vivienda», ha alegado.
Ante esta «grave situación», el desahucio de Maricarmen ha ejemplificado una de las «consecuencias más duras» y es un «símbolo tristísimo», porque «ni siquiera ha podido morir en su casa», lo que demuestra que «los desahucios matan».
Suárez ha advertido que la ley de vivienda permite la limitación de precios y la ciudadanía «tiene que saber que se podrían tomar medidas» pero el Govern, que es quien tiene las competencias, «ha decidido no tomarlas».
En una entrevista a Ona Mediterrània, la diputada del PSIB ha recordado que desde 2023 hay la ley estatal de vivienda se aprobó la declaración de zonas tensionadas que permite limitar los precios de los contratos de alquiler y ha planteado que, sin un límite «difícilmente se hará frente a las subidas de precios astronómicos», como así ha sucedido.
Ante esto, ha reiterado que poner en marcha este mecanismo de limitación es «competencia autonómica» y los socialistas hace tres años y medio que se lo piden a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y «no hay manera».
Por eso, la diputada del PSIB ha lamentado el voto en contra del PP, el pasado martes en el Parlament, a una iniciativa del PSIB para que sean los mismos ayuntamientos quienes puedan aplicar esta limitación de precios, del mismo modo que se hizo en Galicia –gobernada por el PP– que decidió que fuera cada ayuntamiento quien declarara zona tensionada su territorio, como ha sucedido con A Coruña y Santiago.
Al mismo tiempo, ha planteado medidas a medio y largo plazo, como ampliar el parque de vivienda pública, pero ha subrayado que «lo más urgente» para quienes quieren saber dónde tienen que dormir mañana, era aprobar los decretos sobre emergencia de la vivienda que el PP, Vox y Junts votaron en contra en el Congreso de los Diputados.