El pasado mes de agosto, el CIS firmó un convenio con el Ministerio de Vivienda para realizar dicho estudio, que tiene un presupuesto de 288.000 euros y que debía publicarse antes de final de año.
Según el convenio, recogido por Europa Press, ambas partes han diseñado el estudio teniendo en cuenta «necesidades de información para planificar y evaluar políticas públicas llevadas a cabo con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda recogido en la Constitución».
ESENCIAL PARA «ACERTAR» EN LAS MEDIDAS
«Obtener información sociológica de calidad en relación con el derecho a una vivienda digna y adecuada, resulta esencial para garantizar la oportunidad y acierto de las políticas públicas que puedan planificarse, implementarse y evaluarse en este ámbito», especificaba el documento.
Las entrevistas han estado diseñadas para explorar, entre otros, aspectos como la importancia de la vivienda respecto a otras áreas de interés, la demanda y accesibilidad a la propiedad o el alquiler y la valoración y preferencia sobre políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a la misma.
Asimismo, se ha preguntado sobre otros temas de interés coyuntural como los relacionados con la proliferación de la vivienda turística, la concentración de la propiedad inmobiliaria, la inversión inmobiliaria extranjera y aquellos otros que se identifiquen como relevantes por el ministerio y acuerden las partes en el seno de la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control del convenio.
Este será el tercer Barómetro de Vivienda realizado por el CIS. El primero data octubre de 2014 y se centró en la situación habitacional tras los años posteriores a la crisis inmobiliaria. El segundo, sobre vivienda y alquiler, se hizo en abril de 2018 y anteriormente, en abril de 2010 se había hecho uno sobre jóvenes y vivienda.
La vivienda viene apareciendo como principal problema de España en los barómetros del CIS ininterrumpidamente desde diciembre de 2024, y marcó su récord el pasado mes mayo al figurar como tal en el 48,8% de los cuestionarios.