En concreto, la asociación censura que el decreto amplíe de 2028 a 2030 la limitación a determinadas adquisiciones de vivienda y que la medida afecte a personas jurídicas con más de diez viviendas, o cinco en zonas tensionadas, sin distinguir entre fondos, pymes y sociedades familiares.
En su opinión, se equipara así al «gran tenedor» con el especulador por el mero número de viviendas en propiedad. Asval también cuestiona el refuerzo del derecho de adquisición preferente del inquilino, que pasa a ser irrenunciable.
Según explica, un propietario que quiera vender una vivienda alquilada, incluso a un hijo, pareja u otro familiar, deberá ofrecerla previamente al inquilino en las mismas condiciones.
Asimismo, alerta de que, en determinados desahucios por impago, cuando el arrendatario se encuentre en situación de vulnerabilidad, si la Administración no ofrece una alternativa habitacional ni paga al propietario después del plazo de dos meses, este tampoco podrá recuperar la vivienda y el contrato continuará vigente mientras persista la situación de vulnerabilidad.
La asociación critica además la prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos y el límite del 2% a las actualizaciones de renta cuando no exista acuerdo y no resulte aplicable un límite inferior.
En zonas tensionadas, señala, la prórroga puede alcanzar los tres años. También cuestiona que el propietario deba asumir nuevos costes y limitaciones sin compensación.
Por otro lado, Asval denuncia el cambio en la fiscalidad del alquiler, al considerar que la nueva escala de reducción del IRPF penaliza a quienes adapten la renta al precio de mercado.
También critica el recargo del IBI de hasta el 50% por vivienda desocupada, que puede alcanzar el 100% para titulares de cuatro o más inmuebles.
Asval considera que estas medidas son contradictorias con el déficit residencial de 750.000 viviendas que, según recoge el propio decreto, existe en España. Por ello, reclama aumentar la construcción de vivienda, movilizar suelo, atraer inversión y fomentar la colaboración público-privada en lugar de acumular restricciones sobre los propietarios.