En su opinión, la norma introduce condiciones «desproporcionadas», dificulta la viabilidad de los proyectos y aplica un sesgo «discriminatorio» frente a otras actividades económicas.
El análisis de Fedea, elaborado por el economista Diego Rodríguez, se produce en el marco del trámite de audiencia pública del texto regulatorio, que se aplicará a todos los centros de datos con una potencia superior a 1 megavatio (MW) que se conecten tras su entrada en vigor, dispongan ya o no de los correspondientes permisos de acceso y conexión.
El informe concluye que la norma puede poner en peligro la viabilidad de un amplio conjunto de proyectos en España, neutralizando la ventaja comparativa que actualmente ofrece el país gracias a la abundancia y competitividad de su producción renovable.
CORRELACIÓN HORARIA Y SOBREDIMENSIONAMIENTO DE COSTES
El estudio profundiza de forma crítica en los requisitos de suministro eléctrico renovable, especialmente en la obligación de garantizar que, en cada una de las horas del año, al menos el 80% del consumo de los centros de datos esté cubierto por energía limpia procedente de autoconsumo o de contratos a largo plazo (PPA de mínimo 10 años) con instalaciones de generación.
Fedea subraya el carácter «desproporcionado» de esta exigencia al constatar que en todo el año 2025 el mix eléctrico español únicamente superó el 80% de generación renovable en 36 de las 8.725 horas anuales (el 0,4% del tiempo).
Para cumplir con dicha condición horaria, Fedea señala que los promotores se verían forzados a sobredimensionar notablemente la capacidad renovable contratada y a recurrir masivamente a sistemas de almacenamiento con baterías para aplanar sus perfiles de generación. Según simulaciones recogidas en el trabajo, los costes nivelados de esa infraestructura adicional podrían superar los 100 euros por megavatio hora (euro/MWh), eliminando la competitividad tarifaria de España.
El informe cuestiona asimismo el criterio de adicionalidad, que exige que los PPA se firmen exclusivamente con instalaciones renovables que hayan entrado en servicio en los 18 meses previos a la puesta en marcha del centro de datos.
Fedea considera incoherente vetar la contratación con plantas puestas en marcha recientemente, en un contexto en el que la demanda eléctrica crece por debajo de las previsiones del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y aumentan los vertidos técnicos y económicos por falta de demanda.
Igualmente, el ‘think tank’ destaca que el texto gubernamental omite cualquier consideración hacia la energía nuclear u otras fuentes bajas en emisiones. Ello contrasta con el marco de la etiqueta europea para centros de datos, que incorpora el indicador de factor de bajas emisiones (LEEF) incluyendo expresamente la generación nuclear.
EXIGENCIA SIMULTÁNEA DE EFICIENCIA EN ENERGÍA Y AGUA
Aunque Fedea comparte la conveniencia general de exigir criterios de eficiencia en el uso de los recursos, la valoración global del proyecto es negativa. En primer lugar, critica la obligación simultánea de cumplir con la máxima calificación (clase A, en una escala de la A a la G) tanto en eficiencia energética (ratio PUE inferior a 1,15) como en eficiencia hídrica (ratio WUE inferior a 0,1 litros por kilovatio hora).
A este respecto, el informe advierte de que esta exigencia paralela contraviene el reciente reglamento europeo de etiquetado para centros de datos, que reconoce la existencia de una relación de compromiso o ‘trade-off’ entre ambos factores, dado que las mejoras en el consumo de agua tienden a comprometer los avances en el consumo eléctrico y viceversa.
En su lugar, el informe propone una aproximación más proporcionada, combinando una máxima exigencia en un indicador (clase A) con mayor flexibilidad en el otro (clase A o B), lo que mantendría a las instalaciones españolas en la frontera tecnológica europea.
Asimismo, Fedea rechaza en su informe la utilización de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica como una herramienta para condicionar las características técnicas, ambientales y financieras de iniciativas empresariales privadas.
El estudio denuncia que la norma crea un marco regulatorio específico y «discriminatorio» para la actividad de los centros de datos, imponiendo trabas de acceso que no se exigen a otros consumidores industriales o financieros con perfiles de consumo eléctrico idénticos.
A juicio de Fedea, este enfoque profundiza en la tendencia de utilizar el acceso a la red eléctrica como un instrumento adicional de política industrial, a semejanza de la priorización de proyectos a través del nuevo Comité de Inversiones Estratégicas o de la inclusión de criterios ‘ad hoc’ en los concursos de capacidad.