La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado que actualmente hay más de 75.000 personas en riesgo de ser desahuciadas y que 5 millones de contratos de alquiler finalizarán en los próximos dos años.
Además, ha señalado que los nuevos decretos mantienen las principales medidas de protección social y refuerzan las restricciones a la compra especulativa de vivienda por parte de fondos de inversión, ampliándolas de 2028 a 2030.
Díaz ha defendido asimismo que, cuando una familia no pueda hacer frente al alquiler y no disponga de una alternativa habitacional, la Administración asuma la deuda y los costes judiciales. «La vivienda es la gran fábrica de desigualdad de nuestra sociedad», ha afirmado.
Por su parte, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha reclamado al PP, Vox y Junts que apoyen la convalidación en la Diputación Permanente y ha advertido de que si vuelven a bloquear los decretos, «la calle les va a terminar pasando por encima». También ha pedido a Junts que rectifique su voto contrario del pasado viernes.
Asimismo, la ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Mónica García, ha reivindicado la movilización ciudadana y ha defendido que las medidas deben ser estructurales para dar estabilidad al mercado de la vivienda. En este sentido, ha asegurado que la renovación indefinida de los contratos de alquiler, que considera una medida estructural, llegará «más pronto que tarde» pese a la negativa de la mayoría parlamentaria demostrada el pasado viernes.
Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, los decretos tendrán que ser convalidados en la Diputación Permanente del Congreso, que es una especie de Cámara Baja reducida una vez disuelto el Parlamento por la convocatoria electoral.
Este órgano está conformado por un total de 69 diputados de las diferentes formaciones políticas y, a diferencia del Pleno, la suma de PP, Vox y Junts –partidos que votaron en contra del primero de los decretos– no representa mayoría absoluta.
En concreto, de los 69 diputados integrados en la diputación, el bloque que apoyó el decreto de medidas de vivienda tiene una mayoría de 35 escaños conformada por PSOE, Sumar, Esquerra Republicana (ERC), Bildu, PNV y Podemos, frente a los 34 diputados de PP, Vox y Junts.
No obstante, el segundo de estos decretos, que regula la renovación automática de los contratos de alquiler, no recibiría mayoría suficiente tampoco en la Diputación Permanente, ya que también contó con el rechazo del PNV, por lo que recibiría 34 votos a favor frente a 35 en contra. En este caso, nunca entraría en vigor, porque el nuevo decreto aprobado este martes especifica que solo surtirá efecto si es aprobado por este órgano.