La caída de esos decretos leyes el pasado viernes ha provocado el adelanto de elecciones generales al 29 de noviembre y la consecuente disolución del Congreso y el Senado, así como el acuerdo de los sindicatos para la convocatoria de una huelga general por la vivienda.
Con las Cortes disueltas, el Gobierno ha confirmado que volverá a aprobar en Consejo de Ministros los decretos derogados y los llevará a la Diputación Permanente, donde sí tiene los números para salvar al menos el decreto con medidas generales de vivienda.
En concreto, este órgano tiene 69 mayorías, de los cuales el bloque que apoyó el primer decreto de vivienda tiene una mayoría de 35 escaños conformada por PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos, frente a los 34 que suman PP, Vox y Junts. El segundo decreto, con la renovación automática del alquiler, sigue sin tener mayoría en este órgano, pues el PNV también votó en contra en el Pleno.
VOX DUDA DE LA LEGALIDAD
Vox ya ha deslizado sus dudas sobre la legalidad de esta argucia y están sopesando incluso la idea de recurrirla en los tribunales. Sin embargo, el diputado de Sumar y también secretario primero de la Mesa del Congreso ha defendido la legalidad de esta maniobra al estar prevista en el reglamento de la Cámara Baja.
«Está previsto en el reglamento la posibilidad de que la Diputación Permanente pueda convalidar decretos-leyes», ha dicho en una rueda de prensa este martes en el Congreso, descartando así que la maniobra pueda suponer un «fraude de ley».
El representante de Sumar ha dicho que los decretos que se votarán en la Diputación Permanente no serán «exactamente» los mismos que se votaron en el Pleno del Congreso.
También ha matizado que los decretos tendrían que estar justificados por una situación de extraordinaria y urgente necesidad, pero ha recordado que el propio Tribunal Constitucional ha reconocido que en materia de vivienda existe «una situación de emergencia habitacional».
En este sentido, Pisarello considera que la emergencia habitacional «está más que probada» y justifica que, incluso con un gobierno en funciones como el actual y con las atribuciones que otorga el marco normativo vigente, no solamente es que se pueda, sino que se deben impulsar medidas de emergencia y extraordinarias para evitar que «millones de personas queden en la calle».
En lo que respecta a la convocatoria de una huelga general, propuesta apoyada por los sindicatos CCOO, UGT y CGT, el miembro de la Mesa de la Cámara Baja ha señalado que al igual que las acampadas «son expresión legítima de derechos básicos reconocidos en la Constitución», como son el derecho a la manifestación y el propio derecho de huelga.
«Por lo tanto, creemos que tienen plena cobertura legal y plena justificación social», ha remachado Pisarello.