El Pleno del Congreso tumbó el pasado viernes los decretos de vivienda y para renovar de forma automática los contratos de alquiler. El primero de los textos no salió por el voto en contra de PP, Vox y Junts, mientras que el segundo fue rechazado, además de por esas formaciones, también por PNV y Coalición Canaria.
La caída de esos decretos ha provocado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya adelantado las elecciones generales al 29 de noviembre, lo que implica la disolución de las Cortes. De este modo, los decretos de vivienda tendrán que votarse en la Diputación Permanente.
Este órgano está conformado por un total de 69 diputados de las diferentes formaciones políticas. De esos 69 diputados integrados en la diputación, el bloque que apoyó el decreto de medidas de vivienda tiene una mayoría de 35 escaños conformada por PSOE, Sumar, Esquerra Republicana (ERC), Bildu, PNV y Podemos, frente a los 34 diputados de PP, Vox y Junts.
No obstante, el segundo de estos decretos, que regulaba la renovación automática de los contratos de alquiler, no recibiría mayoría suficiente tampoco en la Diputación Permanente, ya que también contó con el rechazo del PNV, por lo que recibiría 34 votos a favor frente a 35 en contra.
LOS NUEVOS DECRETOS NO REBAJAN LA AMBICIÓN
En rueda de prensa, Urtasun ha dicho que en el Consejo de Ministros se aprobarán los decretos que no consiguieron suficiente mayoría para ser aprobados con «algunas variaciones», puesto que no se puede «presentar exactamente igual a como estaban la última vez».
Eso sí, el ministro ha garantizado que «en ningún caso» esas variaciones van a suponer la rebaja de ninguna de las medidas de protección acordadas en los textos. «Que nadie espere que de aquí a mañana vamos a entrar en un juego de recortes y de regates sobre las medidas de protección que ya había», ha manifestado.
En este sentido, Urtasun ha avanzado que uno de los decretos incluirá la prohibición de los desahucios hasta 2030, la prórroga de los contratos hasta el 2028, la regulación de alquileres turísticos y de temporada y la prohibición de compra por parte de fondos ‘buitre’.
NO SE VA A ENTRAR EN UNA RONDA DE NEGOCIACIONES CON JUNTS
Al ser preguntado sobre si el nuevo texto ya no incluirá las peticiones de Junts, el ministro ha dicho que en principio «el núcleo» de la propuesta en el ámbito de bonificaciones fiscales se mantiene, pero con algún «ajuste puntual».
Lo que sí ha avanzado es que el Gobierno no prevé una nueva ronda de negociaciones con los independentistas catalanes para hacer más concesiones y que así apoyen el texto. «Eso no va a ocurrir», ha zanjado.
Sobre el contenido del otro decreto no se ha pronunciado, pero ha confirmado que se va a aprobar y es el que incluía la renovación automática de los contratos y obligaba al propietario a indemnizar al inquilino si decidía romper el contrato.