En una primera valoración tras la votación celebrada este viernes en el Congreso, el Consejo General de Economistas ha señalado que el acceso a la vivienda seguirá siendo «uno de los grandes retos económicos y sociales» de España y requerirá nuevas iniciativas.
En este sentido, considera que cualquier nueva iniciativa normativa debería contar con tiempo suficiente para el debate y la incorporación de mejoras, acompañarse de una adecuada memoria de impacto económico y social y favorecer la participación de los distintos agentes implicados, incluidos los profesionales que posteriormente deberán interpretar y aplicar las medidas.
Asimismo, los economistas consideran conveniente que la protección de los hogares vulnerables se articule fundamentalmente mediante recursos públicos «explícitos y suficientes», evitando trasladar de forma desproporcionada esta función al arrendador particular.
También defienden la necesidad de garantizar la seguridad jurídica mediante regímenes transitorios «claros y previsibles» y preservar, con carácter general, las condiciones de los contratos ya formalizados.
No obstante, el Consejo General de Economistas sitúa como principal reto el incremento de la oferta de vivienda. Así, reclama que las medidas de protección de la demanda vayan acompañadas de un «verdadero plan de incremento de la oferta», que incluya la movilización de suelo, la agilización de licencias y procedimientos urbanísticos, el aumento del parque público y social, el impulso de la construcción industrializada, la colaboración público-privada y sistemas eficaces de garantías públicas frente al impago.
El Consejo sostiene que la política de vivienda debe ser «una política de Estado» que combine protección social, seguridad jurídica e incentivos económicos. A su juicio, «difícilmente» podrá resolverse un problema estructural de escasez actuando únicamente sobre las condiciones en las que se distribuye la oferta existente, sino que es necesario «crear las condiciones para que esa oferta aumente de manera sostenida».
Por último, el Consejo General de Economistas se ha puesto a disposición del Gobierno, los grupos parlamentarios, las comunidades autónomas y el resto de administraciones competentes para contribuir a la construcción de una política de vivienda «estable, evaluable y basada en resultados», que concilie la protección de los ciudadanos con el incremento de la oferta, la seguridad jurídica y el funcionamiento del mercado.