La organización agraria ha recordado que la legislación ampara esta exigencia, ya que el Real Decreto 95/2019 obliga a las industrias a revisar las tarifas si los productores perciben montos por debajo de sus costes de forma continuada durante tres meses.
UCCL, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha denunciado que la situación del sector se ha vuelto insostenible debido al notable incremento en los insumos energéticos, con un encarecimiento del gasóleo del 40% desde abril y de la electricidad en un 20% desde el año pasado. A este escenario se suma el impacto de la sequía y la consecuente subida en la alimentación animal, donde los piensos han registrado alzas de casi el 9%, mientras que la alfalfa y la paja se han incrementado un 24% y un 83%, respectivamente, en el último año.
Asimismo, la OPA ha criticado que los costes productivos en España resultan más elevados que en el resto de Europa, motivado por un clima más árido que encarece los forrajes y la materia prima alimentaria. En el caso de Castilla y León, este contexto ha provocado una disminución del 29% en el número de explotaciones ganaderas entre 2009 y 2020, pasando de 31.438 a 22.326 granjas, mientras que la cabaña ha aumentado un 7,4%, lo que evidencia una fuerte concentración de animales por explotación.
Desde la organización han remarcado que no resulta admisible un incremento de cotizaciones en el ámbito europeo sin un ajuste paralelo en el mercado español, señalando que algunas centrales lácteas ya han anunciado subidas de entre dos y tres céntimos por litro dada la menor oferta existente. UCCL ha recalcado que si la industria requiere suministro de leche debe abonar un precio adecuado y ha advertido de que permanecerá vigilante para denunciar cualquier irregularidad e incitar al cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Por último, la entidad ha insistido en que los productores no pueden continuar perdiendo dinero en la distribución de un bien prioritario ni asumir en solitario las subidas productivas. De igual modo, ha advertido de que la continuidad de este escenario condena al conjunto del sector lácteo y ha calificado a la Administración como cómplice por no aplicar soluciones efectivas que garanticen la rentabilidad de las granjas.