La Comisión Europea ha decidido este jueves llevar de nuevo a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber corregido su legislación para facilitar que los ciudadanos puedan recibir una indemnización por los daños causados por leyes nacionales contrarias al Derecho comunitario, pese a una sentencia del alto tribunal de 2022 que obligaba a modificar las normas españolas.
El Ejecutivo comunitario ha considerado que España sigue sin aplicar la sentencia dictada por el tribunal con sede en Luxemburgo en junio de 2022, que concluyó que la legislación española imponía condiciones y limitaciones que hacían «excesivamente difícil» que los particulares pudieran obtener una compensación por los daños sufridos como consecuencia de una vulneración del Derecho de la UE por parte del legislador.
El caso se remonta a 2015, cuando Bruselas recibió varias denuncias sobre la incompatibilidad con el Derecho europeo de determinados aspectos de las leyes españolas 39/2015, sobre el procedimiento administrativo común, y 40/2015, sobre el régimen jurídico del sector público.
La Comisión abrió un expediente de infracción contra España en junio de 2017 y, ante la falta de cambios legislativos, llevó el asunto por primera vez ante el TJUE en 2019. En su sentencia de junio de 2022, la Justicia europea dio la razón a Bruselas y determinó que las normas españolas dificultaban en exceso el acceso de los ciudadanos a una indemnización.
Cuatro años más tarde, la Comisión sostiene que España todavía no ha incorporado plenamente el fallo a su ordenamiento jurídico. Por ese mismo motivo, envió una nueva carta de emplazamiento a las autoridades españolas en diciembre de 2025 y, tras nuevos intercambios, consideró que el incumplimiento persiste, mientras el proyecto de ley destinado a modificar las disposiciones cuestionadas continúa pendiente de aprobación en el Parlamento español.
Así las cosas, el Ejecutivo comunitario ha decidido remitir por segunda vez el caso al TJUE. Si los jueces europeos concluyen que España ha incumplido la sentencia de 2022, podrán imponer al país una multa a tanto alzado, una sanción económica diaria hasta que cumpla el fallo.