Según los cálculos de la organización, el componente energético incluido en la fórmula de la TUR habría registrado entre octubre y diciembre un incremento próximo al 100% por la evolución de los mercados energéticos. De aplicarse íntegramente ese aumento, el precio final se habría elevado en torno a tres céntimos por kilovatio hora, hasta situar la factura anual de un hogar con un consumo de 9.000 kilovatios hora en unos 900 euros.
Sin embargo, el nuevo sistema limita la subida al 35% en octubre y al 15% en enero de 2027, lo que reduce el impacto inmediato a aproximadamente un céntimo por kilovatio hora y deja la factura anual de ese mismo consumidor en unos 700 euros, de acuerdo con las estimaciones de OCU.
La asociación ha valorado positivamente la adopción de medidas para amortiguar los efectos de la volatilidad energética sobre los presupuestos familiares, aunque ha subrayado que la medida no implica una rebaja efectiva del coste del gas para los hogares acogidos a la TUR.
En concreto, OCU ha señalado que, una vez concluido el periodo de aplicación de los límites extraordinarios, la tarifa volverá a calcularse con la metodología ordinaria en abril de 2027. Para entonces, se habrá acumulado una deuda con las comercializadoras de referencia -incluidos los intereses- que deberá recuperarse íntegramente a través de la propia tarifa.
La organización también ha expresado su preocupación por el posible efecto de la medida sobre la libertad de elección de comercializadora. A su juicio, los consumidores que abandonen la TUR antes de que se haya recuperado toda la deuda acumulada tendrán que asumir la parte pendiente que les corresponda, una circunstancia que puede actuar como una barrera al cambio de compañía.
OCU considera que este modelo puede generar, «de facto», un efecto similar a un compromiso de permanencia en la TUR, además de introducir confusión al consumidor, que desconocerá el coste final del gas que consume y el ahorro potencial que podría obtener en el mercado libre.
Por ello, la asociación ha reclamado que el coste de limitar temporalmente la subida de la TUR se financie mediante una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en lugar de trasladarse a los usuarios a través de deuda tarifaria.
Asimismo, OCU ha criticado que las rebajas fiscales previstas se aplacen hasta noviembre. Estas medidas, cuya activación quedará condicionada a determinados indicadores de inflación, podrían incluir una reducción del IVA de la electricidad del 21% al 10% para suministros con una potencia contratada de hasta 10 kilovatios, la rebaja del impuesto especial sobre la electricidad al 0,5% y una disminución del impuesto especial sobre hidrocarburos.