«El escudo social no puede ser el propietario», ha criticado, afirmando que «un fallo del Estado, que ha sido incapaz de dar un hogar a las familias más vulnerables que lo necesitan, no puede descansar sobre el pequeño propietario particular».
Así, Asval ha advertido que los decretos «van a destruir la oferta, asfixiar al pequeño ahorrador y dejar fuera del mercado precisamente a quienes dicen proteger».
CRITICA QUE SON UNA «RUPTURA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL»
«Los 750.000 hogares que necesitan una vivienda en España ven hoy esfumadas las pocas posibilidades que ayer tenían de encontrar un hogar», ha asegurado, destacando que consideran estos decretos «una ruptura del ordenamiento jurídico español y de los principios constitucionales, esto es, la seguridad jurídica y la irretroactividad de las normas restrictivas de derechos, el derecho de propiedad, la libertad de empresa y los límites que la Constitución impone al decreto-ley».
Igualmente, la entidad ha asegurado que estos decretos «rompen también con el derecho europeo y con la regulación internacional de los derechos fundamentales, que protegen el derecho de propiedad».
«Los decretos incumplen, además, los principios de buena regulación, ya que pretenden aplicar medidas de alto calado de manera retroactiva, afectando seriamente al principio de confianza legítima y generando, con ello, una gran inseguridad jurídica», ha señalado, enfatizando que una norma «redactada a la carrera, en el último minuto, solo podía salir como ha salido: inaplicable y con la técnica legislativa más deficiente que se ha visto en democracia».
Al hilo, ha destacado que «tanta indeterminación solo elevará la conflictividad y obligará a los operadores jurídicos (jueces, notarios, abogados) a emitir valoraciones subjetivas muy difíciles de resolver».
«Estos decretos se suman a las numerosas medidas aprobadas en los últimos años que, lejos de mejorar la situación del alquiler en España, han desembocado en consecuencias muy negativas para el conjunto de la ciudadanía: menos oferta, precios más altos y más dificultades de acceso para los que no tengan ya un contrato en vigor», ha reafirmado, haciendo hincapié en que se trata de unos decretos que «restan seguridad a quienes alquilan y frenan la inversión en nueva vivienda, lo que no amplían la oferta, sino que la reducen, justo cuando más falta hace».
Por ello, Asval ha demandado que se retiren los textos y que la reforma se aborde con otro método: de forma coordinada con las comunidades autónomas, que tienen la competencia en vivienda; con un trabajo técnico que evalúe el efecto real de cada medida; y buscando consensos políticos y sociales que den estabilidad a la regulación del alquiler.
La organización ha urgido, además, a construir un «verdadero parque de vivienda pública, con una inversión pública a la altura del reto y similar a la de los países del entorno». «El alquiler asequible no se decreta, se produce, y para producirlo hacen falta recursos públicos, seguridad jurídica y colaboración entre administraciones y propietarios», ha concluido, ofreciendo su colaboración.