Durante la sesión de control, el diputado del GPP Eduardo Carazo ha acusado a la ministra de desconocer las medidas aprobadas por el propio Gobierno y ha criticado el «caos» en torno al decreto.
Asimismo, ha señalado que la población española ha crecido en tres millones de personas en ocho años mientras la oferta de pisos de alquiler se ha reducido en 300.000, y ha citado la previsión del Banco de España de un déficit de un millón de viviendas en 2028.
El diputado ‘popular’ ha responsabilizado a las políticas del Gobierno de la evolución de los precios de la vivienda y ha preguntado a Rodríguez si asume alguna responsabilidad por la situación del mercado, además de reprochar al Ejecutivo que, a su juicio, debería centrarse en construir vivienda y no en «más de lo mismo».
Rodríguez ha defendido que la vivienda es un derecho y ha reivindicado la necesidad de luchar contra la especulación. Frente a las críticas del PP, ha destacado que el decreto incorpora medidas para proteger a las personas vulnerables, ampliar el parque público y facilitar el acceso a la vivienda.
Por su parte, la diputada de Junts Marta Madrenas ha centrado su intervención en la tramitación de los dos reales decretos de vivienda aprobados por el Gobierno, denunciando las diferencias entre PSOE y Sumar y asegurando que ambos textos contienen previsiones incompatibles. Ha criticado que los grupos parlamentarios recibieran los textos con retraso y ha cuestionado que se haya convocado un pleno extraordinario para su convalidación.
Madrenas ha preguntado a Rodríguez si el «caos» que, a su juicio, se evidenció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se ha trasladado también a los decretos. La ministra ha reconocido la complejidad de la materia y de la aritmética parlamentaria y ha defendido que el texto publicado en el BOE es fruto de un trabajo iniciado al comienzo de la legislatura.
Rodríguez ha pedido a Junts «altura de miras» y ha reclamado que los grupos analicen el decreto por las medidas que incorpora y por el número de personas a las que puede ayudar, en lugar de centrarse en quién lo ha impulsado. En este sentido, ha asegurado que el texto también contempla medidas dirigidas específicamente a Cataluña.
Finalmente, la diputada del PNV Maribel Vaquero ha reclamado proteger a las personas vulnerables «sin convertir al pequeño propietario en el enemigo» y ha defendido que no se los equipare a los grandes fondos de inversión. Ha reclamado además diálogo, seguridad jurídica e incentivos, y ha advertido de que los decretos aprobados no resolverán por sí solos la crisis habitacional.
Rodríguez ha reconocido que el acuerdo en materia de vivienda está siendo «complicado», pero ha defendido que el Gobierno ha ido avanzando durante la legislatura en puntos de consenso. Ha destacado entre las medidas la protección frente a los desahucios, las bonificaciones fiscales, la ampliación del parque público y la reducción al 4% del IVA para la construcción de vivienda pública o asequible protegida de forma permanente.
Asimismo, ha señalado que el decreto contempla instrumentos para acompañar al sector de la construcción y la industrialización y ha citado los préstamos de hasta 50.000 euros para jóvenes o familias que quieran acceder a la compra de una vivienda. «No acabaremos con este Real Decreto. Queda mucho por hacer», ha concluido.