El sindicato asegura que el Gobierno ha comunicado el cese de los contratos de los 247 empleados de Sareb, coincidiendo con el cese de actividad de la sociedad, mientras ultima la aprobación del decreto sobre vivienda.
CSIF sostiene que la continuidad de la actividad de Sareb por parte de Casa 47 constituye una «transmisión de unidad productiva», por lo que considera que debe aplicarse la subrogación de personal prevista en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y en la Directiva europea 2001/23/CE sobre el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en los traspasos de empresas.
En este sentido, denuncia que la plantilla de Sareb se encamina a un despido colectivo mientras Casa 47 tendrá que contratar y formar nuevo personal para desarrollar funciones que actualmente desempeñan los trabajadores de la sociedad, con el consiguiente coste de los procesos de selección y formación.
El sindicato señala que el traspaso de activos de Sareb a Casa 47 contempla más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos con capacidad para unas 55.000 viviendas. Asimismo, denuncia que la transmisión escalonada de estos activos ha generado una «confusión patrimonial» entre ambas sociedades.
ALERTA DEL IMPACTO DE LA VIVIENDA EN EL EMPLEO PÚBLICO
Por otra parte, CSIF ha alertado de que el coste de la vivienda está afectando también a los empleados públicos, hasta el punto de que algunos estarían renunciando a plazas recién obtenidas o solicitando excedencias en territorios como Madrid, Barcelona o Baleares.
Para hacer frente a esta situación, el sindicato reclama adaptar los complementos de destino al coste de vida de las zonas donde se prestan los servicios y extender el complemento de residencia a municipios y provincias con precios de vivienda tensionados.
CSIF ya anunció en julio su intención de acudir a los tribunales después de que fracasara la mediación con Casa 47 para reclamar la continuidad laboral de la plantilla de Sareb.