La asociación también pide multas para los caseros que incumplan sus obligaciones, penalizaciones fiscales para las viviendas vacías y una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que los contratos de vivienda habitual pasen a ser indefinidos, en lugar de estar limitados a cinco o siete años en función de si el arrendador es persona física o jurídica.
Facua defiende que los inquilinos necesitan una mayor estabilidad y rechaza que la renovación automática de los contratos con carácter indefinido pueda desincentivar el alquiler de vivienda habitual. A su juicio, los propietarios mantienen la misma seguridad jurídica frente a los impagos con independencia de la duración del contrato y conservan el derecho a recuperar la vivienda cuando necesiten destinarla a su residencia o a la de determinados familiares.
Asimismo, la asociación reclama congelar los precios de los alquileres ante los actuales niveles de inflación, de manera que la actualización de las rentas no quede vinculada al IPC y que los nuevos contratos tampoco puedan incorporar incrementos.
Facua pide además establecer un régimen de indemnizaciones para los arrendadores que incurran en prácticas abusivas y prohibir que eleven los precios por encima del IPC cuando cambie el inquilino o se formalice un nuevo contrato.
Por último, la organización reclama reconocer legalmente a los inquilinos como consumidores, de forma que los abusos cometidos por los arrendadores puedan considerarse infracciones en materia de consumo y ser sancionados por las autoridades autonómicas competentes.