La cumbre del G7, celebrada en Londres este fin de semana, terminó con un gran protagonista: el acuerdo «histórico» para imponer un impuesto global a las multinacionales. Pero no fue el único pacto que se logró. Los ministros de Finanzas también sellaron un compromiso para avanzar hacia la transición energética del sistema financiero.
La intención es exigir que las grandes empresas publiquen informes sobre su impacto climático. Datos como, por ejemplo, sus emisiones de C02 o su inversión en tecnologías emergentes que respeten el medio ambiente, informa AFP. Según Reuters, cada vez es más habitual recopilar este tipo de información de forma voluntaria. En algunos casos, como en Francia, ya es obligatorio.
Según Reuters, algunas voces creen que se podría llegar a un acuerdo internacional antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow, que se celebrará en noviembre
El G7 persigue que las decisiones financieras tengan en cuenta las cuestiones climáticas. De esta forma, se ayudaría a movilizar «billones de dólares» del sector privado y se reforzarían las políticas gubernamentales para lograr el objetivo de las cero emisiones netas en 2050. El problema ahora mismo es que los bancos centrales y otros reguladores financieros se quejan sobre la falta de datos fiables sobre el impacto climático de las empresas. Por ello, los siete quieren que los inversores tengan acceso a información de «alta calidad, comparable y fiable».
La idea de los informes obligatorios sobre el impacto del clima no es nueva. El G7 sigue las recomendaciones del TFCD, un grupo formado por los miembros del G20 y presidido por Michael Bloomberg. Este organismo señala que en la actualidad el sector financiero no tiene una visión clara de cómo afrontarán las empresas los cambios tecnológicos o regulatorios asociados al clima. Sin información fiable, los mercados no podrán «valorar correctamente los riesgos y oportunidades» relacionados con el clima y se enfrentarán a una transición energética «difícil», explican en su página web.
De momento, lo sellado en la cumbre del G-7 sólo es un compromiso. Según Reuters, algunas voces creen que se podría llegar a un acuerdo internacional antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Glasgow, que se celebrará en noviembre.
Ayudas a los países pobres
Durante la reunión del G-7 también se habló de las ayudas económicas a los países más pobres castigados por la pandemia. El grupo respalda la ampliación de la asignación general de derechos especiales de giro (DEG, por sus siglas en inglés). Se trata de unas reservas internacionales que el Fondo Monetario Internacional (FMI) creó en 1969 para complementar las reservar oficiales de los países miembros. Estos fondos se utilizaron, por ejemplo, durante la crisis financiera de 2008. El FMI busca ampliar a 650.000 millones de dólares la asignación general de los DEG. Y el G7 pide al FMI que aceleré el proceso para canalizar esos fondos y poder destinarlos a las necesidades sanitarias, las vacunas contra el Covid y a la recuperación económica de los países más afectados.
El impuesto «histórico»
Aunque, sin duda, todos estos planes quedaron eclipsados por el pacto para fijar un impuesto del 15% a las multinacionales. Fue la decisión estrella de una cumbre que se alargó durante dos días. El acuerdo pone los primeros cimientos para una nueva fiscalidad internacional. Los ministros de Finanzas del G7 -Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Reino Unido, Italia y Alemania- acordaron una reforma para que los países puedan gravar una parte de los beneficios que genera en su jurisdicción una multinacional con sede en el extranjero. Y, por otro lado, para que los países puedan imponer un impuesto mínimo global sobre las ganancias que una empresa con sede en su jurisdicción logra en el extranjero. Por ahora, la medida no es una realidad. La reforma necesitará lograr el apoyo del G20, que se reúne en julio en Venecia.
