El sindicato sostiene que se pretende cesar a personas interinas y bloquear o retrasar nuevas contrataciones «bajo falsos argumentos» relacionados con el cumplimiento del Estatuto Básico del Empleo Público y para evitar posibles reclamaciones judiciales.
Para CCOO, el problema no es el personal interino o temporal, sino la gestión de las plantillas por parte de las Administraciones Públicas. En este sentido, ha criticado que durante años hayan recurrido a la contratación temporal para cubrir necesidades estructurales sin planificar las plantillas, convocar ofertas de empleo, resolver procesos selectivos en tiempo y forma o estabilizar las plantillas.
El sindicato ha rechazado que las consecuencias de esta gestión recaigan sobre los empleados públicos que han prestado servicio a la ciudadanía y ha advertido de que el miedo a posibles demandas judiciales no puede justificar el cese de personal o el bloqueo de las contrataciones.
CCOO ha señalado que cada contratación que no se realiza repercute en las condiciones laborales, la conciliación y la organización del trabajo del personal y, finalmente, en la calidad del servicio que recibe la ciudadanía.
Asimismo, ha criticado el discurso que, a su juicio, presenta a los trabajadores interinos como el origen de los problemas de temporalidad y ha defendido que estos empleados han accedido a sus puestos mediante los procedimientos establecidos por las propias administraciones públicas y han contribuido al mantenimiento de servicios esenciales.
El sindicato ha reclamado cubrir todas las necesidades reales de personal, convocar y resolver con agilidad los procesos selectivos pendientes, garantizar la estabilidad en el empleo, atender las nuevas necesidades y renovar las plantillas, además de garantizar el derecho a la promoción y carrera profesional y proteger los derechos de los trabajadores.
CCOO ha vinculado estas propuestas al Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, firmado junto al resto de sindicatos, que plantea sustituir las limitaciones establecidas respecto a la tasa de reposición por una herramienta de gestión integral y plurianual de los recursos humanos.
El sindicato ha defendido además el acceso al empleo público bajo los principios constitucionales y la igualdad de oportunidades y ha reclamado perfeccionar la normativa en materia de estabilidad en el empleo y responsabilidad. A su juicio, las consecuencias de los incumplimientos deben recaer sobre quien incumple y no sobre quien trabaja.