PALMA, 24 (EUROPA PRESS)
El GOB y Terraferida se han reunido este jueves con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, con quien «comparten el diagnóstico» de la problemática de Mallorca, «pero no las políticas de contención» impulsadas por la institución insular.
En declaraciones a Europa Press tras la reunión, el presidente del GOB, Joan Moranta, ha destacado que Galmés ha reconocido que los hijos de los mallorquines tendrán «cada vez más difícil o incluso imposible» plantearse un proyecto de vida en la isla.
Moranta ha asegurado que «Galmés ha estado muy de acuerdo» en este aspecto, «a diferencia» de lo que les planteó la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el encuentro que mantuvieron esta semana.
Por su parte, la portavoz de Terraferida, Maria Orts, ha explicado que la sensación tras la reunión con Galmés es muy similar a la que tuvieron en el encuentro con Prohens, ya que «van en la misma línea».
Las dos entidades han asegurado que sus quejas han sido escuchadas, pero que el Consell de Mallorca ha detallado cuáles son sus políticas de contención, aunque no lo consideran suficiente. «Estamos de acuerdo en que se deben reducir las presiones ambientales y sociales que sufre Mallorca, pero no están dispuestos a poner orden a según qué tipo de medidas y aquí es cuando ya no hablamos el mismo idioma», ha reprochado Moranta.
Ambas entidades han considerado que el Consell de Mallorca tiene competencias decisivas sobre algunas de las cuestiones que condicionan el futuro de la isla, como la ordenación territorial, la planificación turística, las carreteras o la gestión de los residuos. Son instrumentos «para decidir cuánta presión puede soportar la isla y el modelo territorial».
REDUCCIÓN DE PLAZAS TURÍSTICAS
Una de las principales preocupaciones trasladadas a Galmés es la situación del plan de intervención de ámbitos turísticos (PIAT), dado que se ha anunciado que no se modificará esta legislatura.
Las dos entidades han destacado que «renunciar a revisar el principal instrumento insular de ordenación turística significa perder una oportunidad esencial para establecer límites reales a la presión turística y adaptar la planificación a la situación actual».
GOB y Terraferida han expresado también su desacuerdo con la política de la bolsa de plazas turísticas y han considerado que aquellas plazas que desaparecen de la oferta «no deberían volver automáticamente al mercado». «Una plaza turística que desaparece debe ser una plaza menos, no una plaza preparada para volver al mercado», han afirmado las entidades.
CRITICAN LA RED DE CARRETERAS
Por otro lado, han trasladado a Galmés su oposición a cualquier ampliación de la red de carreteras de Mallorca y, muy especialmente, al segundo cinturón de Palma.
Este proyecto prevé conectar las autopistas de Inca y Llucmajor, y el Consell lo ha justificado para descongestionar la vía de cintura y mejorar la fluidez de los accesos a Palma. No obstante, GOB y Terraferida han considerado que la respuesta a la saturación de la red viaria «no puede ser un aumento de la capacidad para intentar absorber más vehículos».
Ambas entidades han sostenido que, cuando se aumenta la capacidad de una carretera, se incentivan nuevos desplazamientos en vehículo privado y cambian las rutas y hábitos de movilidad. En esta línea, han alertado de que la conexión de las autopista de Inca y Llucmajor podría aumentar la accesibilidad del territorio, fomentando nuevos desplazamientos residenciales y comerciales.
SUELO RÚSTICO PARA CONSTRUIR VIVIENDAS
El GOB y Terraferida también han expresado al presidente su negativa a construir viviendas u otras edificaciones sobre suelo rústico al considerar y han exigido una moratoria de nuevas construcciones residenciales en estos terrenos.
Otras de sus reclamaciones al respecto es la prohibición de nuevas viviendas unifamiliares y de piscinas de obra privadas en suelo rústico.
Las organizaciones han destacado la importancia de proteger el suelo rústico con el objetivo de mantener el suelo fértil, producir alimentos, conservar la biodiversidad, preservar el ciclo del agua y aumentar la capacidad de Mallorca de adaptarse al cambio climático.
TRASLADO DE RESIDUOS DE EIVISSA A MALLORCA
También han aprovechado el encuentro para expresar su descontento con la política de residuos y, especialmente, con el traslado de residuos de Eivissa a Mallorca para tratarlos en Son Reus.
En concreto, han criticado que el objetivo de ‘vertido cero’ se haya convertido en «incineración máxima» y han considerado que el traslado de residuos de una isla a otra «no resuelve el problema de fondo».
Según las organizaciones, los vecinos de Son Sardina y del entorno de Son Reus «no pueden asumir indefinidamente» los impactos de un modelo de residuos que ha ampliado su radio de acción a Mallorca.
GOB y Terraferida han propuesto prevenir y reducir la generación de residuos, después reutilizar y reciclar, y dejar el tratamiento de residuos como última opción.
La generación de recursos está intrínsecamente ligada con el turismo, según ambas plataformas. «Una economía y una actividad turística que necesitan cada vez más recursos generan también cada vez más residuos», han defendido.
GALMÉS RECONOCE QUE MALLORCA «HA LLEGADO AL LÍMITE»
Durante la reunión, Galmés ha reconocido que «Mallorca ha llegado a su límite y que no puede crecer más» y ha expuesto las principales medidas de contención que se están impulsando desde la institución insular.
El presidente ha destacado la ley de limitación de vehículos, el plan de viales cívicos, el plan de aparcamientos disuasivos, la cesión de un solar a Palma para construir viviendas públicas o la reducción del techo de plazas turísticas.
Galmés también ha hecho hincapié en la lucha contra la oferta turística ilegal, la protección del territorio con la eliminación de 10.000 hectáreas para instalar parques fotovoltaicos en suelo rústico y las ayudas de 35 millones de euros del ciclo del agua para mejorar la red de suministro y evitar fugas.
Asimismo, ha valorado positivamente el encuentro y ha señalado que «a diferencia de gobiernos anteriores que eran muros infranqueables», el gobierno insular actual tiene «las puertas abiertas» para todo el mundo.