El presidente del CES, Antón Costas, ha asegurado este jueves en Palma que los trabajadores migrantes no reemplazan a los empleados autóctonos de España, y que les benefician. Según ha explicado, los migrantes llegan con poca cualificación y se dedican principalmente al turismo, sector primario y construcción.
El presidente ha defendido la importancia de los inmigrantes para sostener estos sectores y ha pedido «coherencia» para fomentar la cohesión social de estas personas.
Según el informe, los trabajadores migrantes cuentan con un salario inferior al de los españoles y tardan cuatro o cinco años en contar con unas condiciones similares a las de los trabajadores autóctonos, aunque «en general no hay discriminación». El informe detalla que los migrantes no conocen la economía española ni tienen una red social adecuada.
Costas ha detallado que el hecho de que los migrantes realicen trabajos con menor cualificación desplaza a los españoles a unas mejores condiciones laborales y salariales. «La productividad de la economía española está creciendo desde hace varios años coincidiendo con la entrada inmigratoria», ha subrayado el presidente.
SALUD Y PRESTACIONES
En términos de salud, el informe asegura que los migrantes utilizan más la red hospitalaria que la red asistencial primaria, algo que no provoca una saturación de los servicios sanitarios para los españoles.
En cuanto a las prestaciones, el CES indica que «no hay un consumo excesivo por parte de la población inmigrante», ya que la petición de ayudas económicas es «similar» a la de los españoles. Costas ha ejemplificado que las peticiones del Ingreso Mínimo Vital es «equivalente» entre personas migradas y autóctonos.
Con la información recabada por el Consejo, «no hay datos que permitan afirmar que el flujo inmigratorio está produciendo un desplazamiento o yendo en perjuicio de los ciudadanos autóctonos en el ámbito de los servicios».
El informe se ha hecho principalmente con datos sobre inmigración regular, ya que los el acceso a las personas que han llegado en situación irregular ha sido «más difícil».
ESPAÑA, MÁS INTOLERANTE CON LA INMIGRACIÓN
El informe incluye un capítulo sobre la percepción de la inmigración por parte de los españoles y, en este sentido, concluye que España ha crecido en intolerancia ante la inmigración.
Según el CES, España había sido una «excepción» en Europa en cuanto al nivel de tolerancia, pero es una situación que está cambiando, pese a haber sido un país de inmigrantes a nivel histórico. Ahora España es el cuarto país con una mayor población inmigrante, solo por detrás de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido.
Costas ha señalado que la mayoría de los diez millones de inmigrantes que hay en España están concentrados en Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Comunidad de Madrid, Baleares y el litoral mediterráneo andaluz. Además, ha explicado que cuando los niveles de población de migrantes sobrepasan el 20 por ciento del total, «más que concentración, hay que hablar de saturación».
En este sentido, ha llamado aplicar una políticas migratorias correctas para que no se saturen los servicios en determinados territorios españoles y para mantener el impulso económico que aporta la inmigración.
MAYOR CONSENSO Y MENOS DISCURSOS DE ODIO
Por su parte, la secretaria de Estado de Migraciones del Gobierno, Pilar Cancela, ha alegado que las políticas migratorias «no siempre cuentan con la mirada más positiva y constructiva» y ha criticado los discursos de odio «utilizados para confrontar».
Así, ha criticado a Vox, al considerar que sus argumentos «despojan» a los inmigrantes de cualquier rasgo de derechos humanos para convertirlos «en vector de amenaza», cuando son «objeto de deshumanización por discursos de odio, racismo y xenofobia».
Por otra parte, ha pedido a las instituciones que «no se escuden» en discutir quién tiene la competencia migratoria y ha llamado a encontrar un mayor consenso para ponerse de acuerdo «al menos en el diagnóstico».
Cancela ha añadido que los principales motivos por los cuales se generan movimientos migratorios es por el cambio climático y porque se percibe a Europa como «esperanza» ante inestabilidad política y económica.
En el caso de España, ha defendido que el efecto llamada no ha sido la regulación de miles de inmigrantes, sino «los indicadores económicos de crecimiento» del país, que son «muy superiores» a los de la UE.
«NO PODEMOS HACER DEPORTACIONES EN CEUTA»
La secretaria de Estado se ha referido también a Ceuta en su intervención y ha asegurado que el Gobierno «no puede hacer deportaciones masivas», sino que lo que hay son «expedientes caso por caso».
Por otra parte, ha lamentado que, ante la llegada a la ciudad autónoma de decenas de miles de personas de Marruecos este verano, la Unión Europea pusiera el foco inicialmente en las políticas migratorias comunitarias antes que en Ceuta.
«No es una invasión migratoria, estamos ante una situación de emergencia humanitaria fruto de una acción externa para desestabilizar», ha sostenido. Así, ha añadido que este tipo de movimientos son «un nuevo contexto mundial ante el que la UE debe responder como bloque sin que se vean las costuras».