El ajedrez internacional está entrando en un periodo de profunda transformación. A medida que este deporte se vuelve más global, comercial y profesionalizado, las instituciones que lo gobiernan tienen una responsabilidad cada vez mayor de evolucionar al mismo ritmo. Tras varios años trabajando estrechamente con el ecosistema del ajedrez a través de patrocinios, comunicación, eventos internacionales y desarrollo de federaciones, he podido comprobar cómo cuestiones como la neutralidad institucional, la transparencia y la profesionalización de la gobernanza adquieren una importancia creciente. Con los delegados de la FIDE llamados a elegir a su próximo presidente en Samarcanda el 26 de septiembre, este es un buen momento para reflexionar sobre los principios que deberían guiar a las instituciones de este deporte, independientemente de quién gane las elecciones.
La 46ª Olimpiada de Ajedrez ha comenzado esta semana en Samarcanda, pero la contienda que realmente puede transformar el deporte se disputa fuera del tablero. El 26 de septiembre, los delegados de las federaciones miembro de la FIDE elegirán entre tres candidaturas: Jan Henric Buettner y Malcolm Pein, Wadim Rosenstein y Gordon Tang, y Timur Turlov y Viswanathan Anand. Cada federación dispone de un voto, y la candidatura que resulte elegida dirigirá una organización muy diferente de la que existía hace apenas una década.
Esa diferencia es, en realidad, la cuestión de fondo. El ajedrez ha superado las estructuras que se crearon para gobernarlo. Los fondos de patrocinio, que antes procedían de un reducido grupo de mecenas individuales, llegan ahora a través de socios corporativos con sus propias obligaciones de rendición de cuentas. Los programas escolares, que antes podían surgir como una iniciativa paralela de un profesor, implican hoy a ministerios de Educación y cuentan con cifras de participación medibles: solo Kazajistán registra más de 60.000 estudiantes y 1.500 escuelas dentro de su programa educativo de ajedrez. Las federaciones nacionales, que antes funcionaban gracias al trabajo de voluntarios, negocian ahora derechos de retransmisión, financiación pública y acuerdos con plataformas. Nada de esto es negativo. Pero eleva el nivel de exigencia sobre lo que una federación, a cualquier nivel, debe ser capaz de hacer: mantener unas cuentas claras, explicar cómo se toman las decisiones y definir con claridad dónde termina la opinión personal de un dirigente y dónde comienza la posición de la institución.
Una federación, un voto es un principio democrático que merece ser protegido. Pero la igualdad política y la igualdad operativa no son lo mismo. Todas las federaciones tienen el mismo estatus constitucional, pero algunas cuentan con personal a tiempo completo, asesoramiento jurídico, infraestructuras de datos y décadas de experiencia institucional, mientras que otras funcionan con un pequeño grupo de voluntarios y sin un presupuesto específico. Una federación no puede ejercer plenamente sus derechos formales si carece de la capacidad administrativa necesaria para participar de manera efectiva en el sistema internacional. No se trata de un problema lejano: afecta directamente a las federaciones europeas más pequeñas, que se enfrentan precisamente a esta brecha entre su reconocimiento formal y su capacidad real de actuación.
Esta última cuestión se hizo especialmente tangible en Europa esta semana. El 16 de septiembre, Zurab Azmaiparashvili, recientemente reelegido presidente de la Unión Europea de Ajedrez (ECU), manifestó públicamente su apoyo personal a la candidatura de Rosenstein. Tuvo cuidado de señalar que se trataba de su propia opinión y no de una decisión de la ECU ni de sus federaciones miembro. Un día después, la propia ECU emitió un comunicado aclarando que no se había producido ningún respaldo institucional y que la organización mantenía su neutralidad al servicio de sus 54 miembros.
Sería fácil interpretar este intercambio como un momento incómodo para la ECU. Yo diría que ocurre más bien lo contrario. Una organización que permite que una opinión personal quede sin aclarar plantea un problema mayor que aquella que rectifica públicamente la situación en un plazo de 24 horas. La ECU ya se había dotado de las herramientas necesarias para hacerlo: a principios de este año adoptó un código de conducta, basado en los propios principios electorales de la FIDE, diseñado específicamente para garantizar una campaña justa y que los votantes puedan ejercer su decisión sin presiones. La aclaración no fue una crisis; fue la demostración de que ese código estaba cumpliendo su función.
La razón por la que esto importa más allá de un único comunicado es que muchas federaciones tendrán que enfrentarse a la misma prueba y disponen de muchos menos recursos que la ECU para superarla. Un organismo continental con una estructura sólida puede emitir una aclaración el mismo día y seguir adelante. Una federación nacional más pequeña, en cambio, a menudo no cuenta con un equipo de comunicación, asesoramiento jurídico o un código de conducta establecido al que recurrir si una declaración personal de su presidente se confunde con una posición institucional. Son precisamente estas federaciones las que más pueden perder si no se define claramente la frontera entre «lo que piensa nuestro presidente» y «lo que hace nuestra federación», porque son también las que tienen menos capacidad para afrontar las consecuencias de verse involucradas en una disputa que nunca eligieron.
Existe otra medida de la madurez institucional: la continuidad. Una federación sólida debería poder cambiar de liderazgo sin tener que reinventar sus relaciones, sistemas y prioridades en cada ciclo electoral. Los proyectos deberían pertenecer a las instituciones, no a las personas. Las alianzas deberían estar documentadas. Los datos deberían seguir siendo accesibles. Los programas de desarrollo deberían contar con objetivos medibles capaces de sobrevivir a un cambio de dirección. Con demasiada frecuencia, en la gobernanza deportiva, llega una nueva administración y la memoria institucional desaparece junto con el equipo saliente. No se trata de un fallo de gobernanza atribuible a una persona concreta, sino de un problema estructural que el mundo del ajedrez todavía debe resolver de forma sistemática.
El futuro del patrocinio en el ajedrez también debería construirse sobre estructuras, no sobre personalidades. Una federación debería ser capaz de explicar a sus miembros qué pretende conseguir una colaboración, durante cuánto tiempo, bajo qué responsabilidades y con qué resultados medibles. Los patrocinadores necesitan visibilidad y retorno; las federaciones necesitan independencia y previsibilidad. Un modelo comercial maduro debería ser capaz de ofrecer ambas cosas.
Este es el estándar que merece la pena aplicar a todos los implicados en estas elecciones, incluidas compañías como la nuestra. Freedom es socio principal de la Federación de Ajedrez de Chipre desde 2023, y esta colaboración ha contribuido a llevar a la isla competiciones como el Women’s Grand Prix y el Torneo de Candidatos de este año. Creo que es un buen ejemplo de lo que puede aportar un patrocinio, pero prefiero que se evalúe, y no que simplemente se dé por bueno, según el mismo criterio que estoy planteando aquí: ¿está el dinero sujeto a condiciones claras y transparentes? ¿Mantiene la federación el control sobre sus propias decisiones? Cualquier socio corporativo del mundo del ajedrez, nosotros incluidos, debería sentirse cómodo respondiendo directamente a estas preguntas.
Nada de esto indica a las federaciones miembro a qué candidatura deberían votar el 26 de septiembre, y tampoco voy a fingir que mi propia opinión al respecto es neutral: Timur Turlov, fundador y CEO de Freedom Holding Corp., grupo al que pertenece Freedom24, es uno de los candidatos. Lo que pediría a los delegados, independientemente de la candidatura que elijan, es que valoren qué candidatos han demostrado realmente el hábito de mantener esa separación en sus propias federaciones antes de pedir el voto de los demás. La Olimpiada tendrá sus medallistas. Las elecciones tendrán un presidente. Pero el resultado más útil sería una organización en la que resulte más difícil confundir la posición institucional con la opinión de una sola persona, independientemente de quién sostenga el bolígrafo.
Por Bulat Latypov
Chief Communications Officer de Freedom24