Por este motivo, UCCL ha considerado que hay razones para estar «más que preocupados» después del discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado este miércoles en el debate sobre el Estado de la Unión (SOTEU) 2026 y ha afirmado que no recoge las demandas trasladadas la semana anterior.
La organización ha acudido, a través de Unión de Uniones, los días 9 y 10 de septiembre a Bruselas para transmitir a los grupos parlamentarios europeos que la agricultura debe ocupar «un lugar destacado» en las prioridades de una Unión Europea que está decidiendo ahora su presupuesto, su futura PAC y buena parte de las políticas que condicionarán al sector durante la próxima década.
La organización ha llevado a sus encuentros con representantes del Parlamento Europeo, la Comisión y la Representación Permanente de España ante la UE un documento sobre el estado de la agricultura y el medio rural europeo, elaborado como contribución al discurso anual sobre el estado de la Unión, el SOTEU.
En él hacía balance de las promesas formuladas desde las movilizaciones agrarias de 2024 y reclamaba ocho compromisos concretos para pasar del reconocimiento de los problemas a las soluciones.
«Nos fuimos a Bruselas preocupados y, después de escuchar a la presidenta de la Comisión, estamos todavía más preocupados», ha señalado UCCL, que ha lamentado que tras las tractoradas se dijera que iba a haber diálogo con el sector para alcanzar los objetivos anunciados en el documento estratégico de la Comisión.
«Todo muy bonito, pero cuando llega el momento de hablar de presupuesto, de PAC, de precios y de cláusulas espejo comerciales, todo se queda en humo», ha criticado la organización.
Para UCCL no ha habido una respuesta política satisfactoria sobre la futura PAC, su financiación, la rentabilidad de las explotaciones, el funcionamiento de la cadena alimentaria, el relevo generacional o las condiciones de competencia con las importaciones.
La organización ha asegurado que mantendrá durante los próximos meses, a través de Unión de Uniones, su interlocución con las instituciones europeas y el Gobierno español para defender, a través de enmiendas concretas a los reglamentos, una PAC común y bien financiada, rentabilidad para agricultores y ganaderos profesionales y condiciones comerciales justas.