«Queremos que la Comisión haga un análisis señalando si existen esos beneficios extraordinarios en la situación actual para que podamos entre todos poner ese impuesto que los grave y que nos permita también atender a la situación de hogares y empresas», ha afirmado a su llegada a la reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de la UE que se celebra en Dublín (Irlanda), en la que esperan abordar este asunto.
El ministro ha defendido que, después de seis meses de conflicto y ante una inflación que continúa presionada por la crisis energética, es necesario comprobar si las empresas del sector se están beneficiando de la situación para que, en caso afirmativo, contribuyan a asumir parte de sus costes.
«Entendemos que debe haber un reparto justo y esta es claramente una vía que debe explorarse. Y si se entiende que hay beneficios extraordinarios, entonces deberíamos gravarlos para que haya un reparto justo de la carga, como hicimos en España después de que comenzara la guerra en Ucrania», ha señalado.
Las declaraciones de Cuerpo se producen después de que España, Alemania, Italia, Austria, Polonia y Portugal reclamaran a finales de agosto a la presidencia irlandesa del Consejo de la UE discutir en la reunión de este viernes la creación de un impuesto europeo sobre las ganancias adicionales obtenidas por el sector energético como consecuencia de la crisis, cuyos ingresos servirían para contribuir a financiar las medidas de apoyo a consumidores y empresas.
Una iniciativa que da continuidad a una primera petición remitida en abril al Ejecutivo comunitario por los mismos países, a excepción de Polonia, en la que reclamaron explorar un instrumento de solidaridad temporal a nivel comunitario inspirado en el mecanismo introducido en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania, que permitió aplicar una carga temporal a los beneficios extra de las compañías de combustibles fósiles.
El titular de Economía ha insistido en que el debate debe abordarse a escala comunitaria para lograr una «solución europea» que permita repartir de manera «justa» el impacto económico de la guerra, frente al esfuerzo presupuestario que están asumiendo los Estados para contener el encarecimiento de la energía.
«España lo lleva haciendo ya desde el 20 de marzo pasado con un coste presupuestario elevado, pero estamos consiguiendo rebajar la factura para hogares, empresas, industrias y transportistas, y esto, como he dicho, a costa del dinero del contribuyente y creemos que puede haber maneras más justas de distribuir este coste», ha explicado.
En cuanto a la continuidad de estas ayudas, que están en vigor hasta finales de septiembre, el vicepresidente primero ha avanzado que el Gobierno seguirá «ayudando» y «apoyando» a los sectores afectados, aunque ha evitado concretar por ahora qué medidas mantendrá una vez expire el actual paquete.
Para decidir los siguientes pasos, el Ejecutivo ha comenzado ya los contactos con los agentes sociales y prevé reunirse a partir de la próxima semana con las distintas organizaciones sectoriales para conocer su situación y evaluar el funcionamiento de las iniciativas desplegadas hasta ahora. «Decidiremos qué es lo que vamos a hacer, pero ya lo hemos anticipado: seguiremos ayudando, seguiremos apoyando en estas circunstancias difíciles», ha zanjado.