PALMA, 17 (EUROPA PRESS)
El PP ha mostrado su apoyo a la presidenta del Govern, Marga Prohens, en su rechazo a restringir la compra de segundas residencias por parte de no residentes al asegurar que, «de entrada, no» serían favorables a aplicar esta medida.
De esta manera ha respondido el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, al ser interrogado por la postura del partido a nivel nacional a esta propuesta lanzada desde la Comisión Europea para regular el mercado de la vivienda.
En concreto, se le ha preguntado por los límites a la compra de inmuebles de personas que no residen en ese territorio y ha secundado el posicionamiento de Prohens, ya que el PP es un partido que «no le gusta limitar el crecimiento económico y la libertad de las personas».
También se le ha consultado por las palabras de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que en un acto del PSIB de este miércoles, achacó los precios de la vivienda en Baleares a la no aplicación de la ley de vivienda y los topes a los alquileres.
Bendodo ha alegado que el Gobierno central «hizo aguas hace muchos meses» y ha sostenido que «no tiene los apoyos parlamentarios, ni de la calle, ni del pueblo», por lo que le ha acusado de «abandonar la gestión». «Si en algo ha fracasado rotundamente el Gobierno de España es en la política de vivienda, sin ninguna duda», ha recalcado.
Además, ha afirmado que la política habitacional del Ejecutivo central es una política «ideológica» con una ley de vivienda «fracasada», que ha anunciado que será derogada si el PP llega al Gobierno de España.
«No puede ser que en España tengan más derechos los okupas que los propietarios y la ley del PP expulsará a los okupas en menos de 48 horas», ha aseverado.
Igualmente, ha destacado que se pondrán en marcha mecanismos de «liberalización de suelo» para construir en España «cerca de un millon de viviendas», porque, de acuerdo con sus estimaciones, es «la demanda que realmente existe hoy».
Para ello, Bendodo ha apuntado que habrá colaboración «público-privada» y los empresarios tendrán que «colaborar» para que el problema de la vivienda «sea una cuestión de todos», de modo que se pueda solucionar «entre todos los ayuntamientos, comunidades autónomas, el Gobierno central y el sector privado».
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