Así lo ha anunciado este jueves el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, durante su intervención en la conferencia internacional ‘La contraofensiva de los servicios públicos’ organizada por la Internacional de los Servicios Públicos (ISP).
Las indemnizaciones por razón de servicio son compensaciones económicas que la Administración Pública paga a sus empleados para cubrir los gastos extras que realizan al trabajar fuera de su lugar habitual.
En España, estas ayudas se regulan de forma general en el Real Decreto 462/2002 sobre indemnizaciones por razón del servicio, contemplando cuatro motivos principales para otorgar estas compensaciones: viajes temporales ordenados para realizar un trabajo o cometido especial en una localidad distinta a la del puesto habitual; cambios forzosos de destino que obliguen al empleado a fijar su residencia en una localidad diferente; participación en actividades específicas y puntuales que se realicen fuera de la jornada laboral ordinaria, como la asistencia a consejos de administración de empresas públicas, y gastos de representación para cargos directivos.
Los conceptos económicos que cubre la norma se agrupan en distintas categorías: dietas de alojamiento, de manutención; gastos de viaje (billetes de avión, de tren, etc.); indemnización por kilometraje si se utiliza el vehículo particular; gastos adicionales necesarios asociados al viaje (peajes de autopistas y parkings), y gastos de mudanza por traslado forzoso de residencia.
Por su parte, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha afirmado en la misma jornada que los servicios públicos son «derechos humanos fundamentales» y el «pegamento» que sostiene la cohesión social y la igualdad.
Araque ha asegurado que el sindicalismo de clase luchará globalmente frente a las intenciones de la ultraderecha de reducir o privatizar la oferta pública, garantizando que no bajarán los brazos en la defensa de una democracia sólida y unos servicios públicos de calidad.
López ha recordado en su intervención que la actualización de las indemnizaciones por razón del servicio sigue la línea de la mejora del complemento aplicada recientemente en Baleares para mitigar la presión del coste de la vivienda sobre los servidores públicos.
Asimismo, el titular de Función Pública ha avanzado que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) está diseñando las bases de un plan de competencias digitales centrado en la Inteligencia Artificial (IA).
Dicho plan, ha dicho el ministro, se compartirá «muy pronto» con los sindicatos para dotar a la Administración de más expertos en esta tecnología y reforzar la ciberseguridad, preservando la soberanía de los datos frente a modelos de negocio que buscan recortar personal.
El ministro ha enmarcado esta medida en el compromiso del Ejecutivo de reforzar el sector público como «un escudo que proteja los derechos digitales» y garantice que la inteligencia artificial se gobierne «desde lo público y para el interés general».
«LOS TECNOLIGARCAS», NUEVA AMENAZA FRENTE A LO PÚBLICO
El ministro ha advertido de que lo público arrastra «décadas de acoso» por parte del neoliberalismo y se enfrenta ahora a la nueva amenaza de los «tecnoligarcas», en un contexto donde «cinco personas acumulan más capital y más poder que la inmensa mayoría de países».
Frente a este escenario, López ha calificado el momento de «verdadero debate civilizatorio» en el que se debe actuar de inmediato legislando e invirtiendo para defender los valores democráticos.
En esta materia, ha contrapuesto la regulación tecnológica con la de otros sectores tradicionales: «A nadie se le ocurre que el automóvil hubiera salido sin un carnet de conducir, sin un código de circulación o sin cinturón de seguridad. Es mentira que la regulación vaya en contra de la innovación. Se puede innovar regulando».
Así, ha alertado sobre las consecuencias de haber dejado operar a las redes sociales durante 20 años sin regulación, derivando en problemas de salud mental, acoso o adicción entre menores, o sobre los riesgos en la autonomía de aprendizaje recogidos por el informe PISA por el uso indiscriminado de la IA.
DEFENSA DEL MODELO ECONÓMICO Y BALANCE DE EMPLEO PÚBLICO
López ha contrapuesto el compromiso del actual Ejecutivo con el del periodo anterior, detallando que desde 2018 se han convocado más de medio millón de plazas de empleo público (frente a las 64.000 convocadas en el mismo periodo por el gobierno precedente), se han estabilizado más de 410.000 plazas, aumentado un 54% la formación sanitaria especializada y reducido la jornada laboral a 35 horas semanales.
A su vez, ha subrayado que la subida acumulada de los sueldos públicos entre 2018 y 2028 superará el 30% gracias a los acuerdos suscritos con UGT, CCOO y CSIF.
Por su parte, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha defendido en este mismo foro que los servicios públicos constituyen «derechos humanos fundamentales» que garantizan la cohesión social y la igualdad, asegurando que el sindicalismo internacional continuará combatiendo los intentos de privaciones y recortes promovidos por sectores autoritarios o de ultraderecha.