Antes de reunirse en los Consejos Consultivos de Pesca y Agricultura para Asuntos Comunitarios con el resto de las comunidades, Fernández-Pacheco ha explicado que «Andalucía, como región agraria por excelencia, viene a defender su modelo de la Política Agraria Común (PAC), ya que cuenta con un tercio de los perceptores de la PAC a nivel nacional; a la vez que va a defender lo mejor dentro de la Política Pesquera Común (PPC) como segunda región en materia de pesca».
En una nota de prensa, ha vuelto a defender el posicionamiento común que se llevó a cabo con las organizaciones agrarias profesionales y las cooperativas andaluzas y luego se trasladó posteriormente en una Proposición No de Ley en el Parlamento andaluz sobre la futura PAC. «Nuestra posición ha sido clara y así lo seguirá siendo: queremos un presupuesto de la PAC sólido, independiente y blindado en el que se tenga en cuenta la singularidad de todos los territorios en materia de gobernanza y las regiones seamos protagonistas», ha abundado.
En este sentido, ha reconocido que, «el futuro de la reforma de la PAC no solo a nivel europeo, sino también a nivel nacional, es un tema capital al que debería haberse dedicado muchas horas en diferentes reuniones bilaterales y que es muy complicado resumir en un cuestionario o en intervenciones de cuatro minutos cada una, si bien se expondrá la posición de Andalucía porque está en juego el porvenir de miles de familias».
En el apartado de la gobernanza, el consejero ha señalado que «la PAC debe contar con una programación independiente y separada de los Planes de Cooperación Nacional y Regional (PCNR) y, en caso de que no sea así, que cuente con capítulos agrarios regionales dentro de estos planes diseñados y gestionados por las administraciones con competencias en el sector agrario». Asimismo, se ha reafirmado en el apoyo de la ayuda a la renta, «fundamental para garantizar la seguridad alimentaria europea, ya que solo en Andalucía esta ayuda llega a 210.000 beneficiarios».
Y, desde ese enfoque, ha señalado que se va a pedir que se mantenga el actual modelo de 20 regiones, aprobado en 2022 por la Comisión Europea; al tiempo que se insistirá en la importancia de contar con un modelo en el que las regiones diseñen las nuevas medidas ambientales y climáticas, como es el caso de éxito de las ayudas agroambientales, diseñadas por las comunidades autónomas.
De otro lado, desde Andalucía se trasladará la preocupación sobre la intervención sectorial de frutas y hortalizas, una de las más importantes en la región con 130 millones de euros anuales. Por tanto, se pedirá «mantener el modelo actual con un sobre europeo, sin reparto por países y con una financiación cien por cien de la UE».
Igualmente, el titular del ramo ha avanzado que desde Andalucía se aportarán soluciones para incentivar al que quiere incorporarse; así como se acompañará a quienes se retiren. «No existe una única medida capaz de resolverlo, pero si sabemos que las medidas para el relevo generacional deben ir más allá de lo contemplado en la PAC», ha reconocido. En materia pesquera, Fernández-Pacheco ha reclamado al Gobierno de España que defienda con firmeza los intereses de la pesca andaluza en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE (AGRIFISH), que se celebrará los días 28 y 29 de septiembre. El consejero ha subrayado que las propuestas trasladadas por Andalucía «no son únicamente las reivindicaciones del Gobierno andaluz, sino de todo el sector pesquero y acuícola», al haber sido trabajadas y consensuadas en el seno de la Mesa de Interlocución Pesquera y Acuícola de Andalucía.
Entre las reivindicaciones, el consejero ha defendido que el próximo Marco Financiero Plurianual garantice una «financiación específica y suficiente para la pesca y la acuicultura», que permita afrontar la modernización y descarbonización de la flota, mejorar su seguridad y eficiencia, impulsar la innovación y favorecer el relevo generacional. Asimismo, ha pedido una mayor participación de las regiones y del sector en la toma de decisiones, más regionalización y simplificación del FEMPA para reducir las cargas burocráticas y agilizar la resolución y el pago de las ayudas.
Ha reclamado también una reforma profunda de la Política Pesquera Común (PPC) que tenga en cuenta las consecuencias económicas y sociales de las decisiones europeas y no únicamente los indicadores biológicos. En este sentido, ha insistido en que «la sostenibilidad ambiental tiene que ir de la mano de la sostenibilidad económica y social» y ha rechazado nuevas reducciones automáticas del esfuerzo pesquero que puedan comprometer la viabilidad de la flota, especialmente en el Mediterráneo, cuyas singularidades deben ser tenidas en cuenta por las instituciones europeas.
Por último, el consejero andaluz ha defendido avanzar hacia una verdadera igualdad de condiciones frente a terceros países, de manera que los productos que acceden al mercado comunitario estén sometidos a exigencias ambientales, laborales y sanitarias equiparables a las que se imponen al sector europeo. A ello, ha sumado la necesidad de reducir la carga administrativa que soportan los profesionales, adaptar el Reglamento de Control a la realidad de la pesca y simplificar las obligaciones para que, según ha señalado, «nuestros pescadores estén en la mar y no atrapados entre trámites y obligaciones administrativas».