En concreto, los embajadores de los Veintisiete ante la UE han respaldado destinar alrededor de 88 millones de derechos de emisión disponibles a estas empresas, a los que el Consejo ha sumado otros 33 millones que no habían sido asignados anteriormente porque las instalaciones a las que correspondían no cumplían determinadas condiciones exigidas por las actuales reglas del mercado europeo de carbono.
La decisión afecta a las actividades incluidas en los parámetros de referencia de calor y combustible del régimen europeo de comercio de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés), el sistema que obliga a las empresas a contar con permisos para cubrir el CO2 que liberan y a adquirir los que necesiten cuando no los reciben de forma gratuita.
Tras fijar los Veintisiete su posición, las negociaciones con el Parlamento Europeo comenzarán una vez que la Eurocámara adopte la suya, con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre el texto definitivo y permitir la aplicación de los nuevos parámetros.