La propuesta, que ya se debatió con anterioridad en la Cámara Baja y tampoco no fue admitida a trámite, no ha salido adelante ante el rechazo del PP, Vox, Junts y UPN. Además de los socialistas, el PNV y Coalición Canaria también se han abstenido, mientras que ERC, Bildu, BNG, Podemos y la diputada de Compromís integrada en el Grupo Mixto, Águeda Micó, han votado a favor.
El texto ya fue rechazado en noviembre del año pasado, también con la abstención del PSOE. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió una propuesta similar y Vox la elogió, por lo que el portavoz adjunto del grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, decidió volver a elevar la propuesta legislativa al Pleno de la Cámara para ver si esta vez conseguía una mayoría suficiente.
Aun así, la Cámara Baja ha vuelto a expresar su rechazo a un texto que reforma la Ley de Vivienda de 2023 y, en concreto, su artículo 10 para vetar la transmisión de la propiedad de inmuebles residenciales a empresas, tanto a título oneroso como gratuito.
La medida afectaría tanto a las viviendas en estado de uso como a las promociones de nueva construcción una vez cuenten con el certificado de fin de obra.