El director general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Enrique Novales, ha abordado este asunto este lunes en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación de las Cortes de Aragón, donde ha explicado la situación actual de la plaga, el trabajo realizado por el Departamento y las gestiones desarrolladas ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La araña roja se ha convertido en un problema creciente en el cultivo del maíz, especialmente en un contexto de elevadas temperaturas y condiciones climáticas favorables para su proliferación. En las parcelas afectadas, los servicios técnicos estiman pérdidas de producción de entre el 20% y el 50%, con un impacto económico que puede situarse entre 680 y 1.700 euros por hectárea.
Así, desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación han subrayado que no se trata de un problema nuevo ni desconocido para la Administración autonómica. La Dirección General de Calidad y Seguridad Alimentaria y el Servicio de Sanidad Vegetal llevan años trabajando en el seguimiento de la plaga, en contacto con el sector y en la búsqueda de alternativas, tanto mediante técnicas de control biológico como a través del estudio de otros productos fitosanitarios.
Desde 2023 se han realizado ensayos con distintas opciones de control. Sin embargo, los resultados obtenidos hasta ahora no permiten concluir que exista una alternativa eficaz, autorizada para el cultivo del maíz, disponible para los agricultores y viable desde el punto de vista técnico y económico.
Ante esta situación, desde el Ejecutivo autonómico han tildado de «difícilmente justificable» que, existiendo un mecanismo legal vigente y previsto para circunstancias de emergencia fitosanitaria, y no habiendo en este momento una alternativa solvente, los agricultores tengan que asumir pérdidas que pueden alcanzar hasta el 50% de su producción.
USO DE ABAMECTINA
Por ello, el Gobierno de Aragón reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que conceda una autorización excepcional para el uso de abamectina, al amparo del mecanismo previsto en la normativa europea para situaciones en las que el peligro no pueda controlarse por otros medios razonables.
En este sentido, el Departamento insiste en que la búsqueda de alternativas debe continuar y constituye el camino para disponer en el futuro de nuevas herramientas de control. Pero esa transición no puede hacerse a costa del agricultor. No resulta razonable retirar o restringir herramientas de protección de los cultivos sin poner previamente a disposición del sector alternativas eficaces, autorizadas y económicamente viables.
Agricultura considera que la reducción o restricción de materias activas debe ir acompañada de alternativas técnicas eficaces, autorizadas, accesibles y viables para los agricultores. Mientras esas alternativas no estén disponibles, el Departamento entiende que resulta necesario utilizar los instrumentos legales existentes para dar respuesta a situaciones de emergencia fitosanitaria como la actual.
Aragón ha hecho su trabajo técnico y seguirá haciéndolo, en coordinación con las organizaciones profesionales agrarias y con el conjunto del sector. Sin embargo, determinadas decisiones corresponden al Gobierno de España.
Por ello, reclama que esas decisiones se adopten atendiendo a la realidad del campo y antes de que las pérdidas para los agricultores sean irreversibles.