En concreto, las tres organizaciones empresariales dan así cumplimiento a las acciones que anunciaron el pasado 10 de septiembre ante la situación de bloqueo alcanzada en la mesa negociadora.
Las patronales han subrayado que el conflicto no se plantea porque los sindicatos mantengan sus reivindicaciones o rechacen las propuestas empresariales y señalan que «negociar no obliga a aceptar las posiciones de la otra parte, pero sí exige analizarlas, responder a ellas y explorar alternativas que permitan buscar un posible acuerdo».
De esta forma, Anice, Fecic y Agemcex han considerado que esto «no» se está produciendo tras señalar que han analizado y respondido a las reivindicaciones sindicales, pero denuncian que los sindicatos «no han entrado a negociar materialmente» la plataforma empresarial ni han dado respuesta a propuestas concretas como la creación del Observatorio Sectorial de Salud Laboral, Absentismo y Productividad Sostenible o la reformulación y refuerzo de la Comisión Paritaria.
Así, las patronales han recordado que en la última reunión mejoraron en un 40% su propuesta salarial inicial para 2026, elevándola del 2,5% al 3,5%, y plantearon incrementos del 3,5% en 2026, 2,5% en 2027 y 2% en 2028, con una cláusula de actualización salarial.
De esta forma, la acción promovida ante el SIMA llega como paso previo a la demanda ante la Audiencia Nacional, ya que consideran que el «deber de negociar de buena fe no obliga a alcanzar un acuerdo, pero tampoco puede reducir la negociación colectiva a la aceptación de las reivindicaciones de una sola de las partes».
Por ello, las patronales solicitan que las organizaciones sindicales reconozcan el incumplimiento de su deber de negociar bajo el principio de buena fe y se comprometan a negociar efectivamente las materias y propuestas formuladas por la representación empresarial, del mismo modo que las organizaciones empresariales han hecho con las propuestas sindicales.
De esta forma, Anice, Fecic y Agemcex han reiterado que mantienen su disposición a alcanzar un acuerdo y reiteran su apuesta por unas relaciones laborales «modernas, profesionales y constructivas» y que su responsabilidad es contribuir a un convenio que preserve los derechos y condiciones laborales de los más de 124.000 trabajadores afectados y, al mismo tiempo, garantice la competitividad y viabilidad de las empresas que sostienen su empleo.