Fuentes del departamento han subrayado que España constituye un mercado atractivo para la instalación de centros de datos por su ubicación, el clima y el liderazgo en energías renovables, pero han advertido de la elevada presión sobre las redes eléctricas y de la concentración territorial de las solicitudes.
La Estrategia de Inteligencia Artificial, actualizada en 2024, contempla una potencia de computación acumulada de 2,5 gigavatios (GW) en 2030, equivalente a una demanda eléctrica aproximada de 4 GW. Sin embargo, ya se han concedido derechos de acceso y conexión a la red por más de 12 GW de potencia eléctrica para este tipo de instalaciones, el triple del objetivo previsto, según indican las fuentes.
En Aragón se han otorgado 3,6 GW de acceso a CPD, una cifra que, de materializarse, triplicaría la demanda eléctrica actual de la Comunidad Autónoma. En la Comunidad de Madrid, los derechos concedidos ascienden a 4,1 GW, un volumen equivalente a duplicar el consumo eléctrico regional.
Ante esta situación, el Ejecutivo considera que España puede seleccionar los proyectos que aporten mayores beneficios y tengan menor impacto ambiental, sin trasladar un encarecimiento de las facturas de electricidad al resto de consumidores.
El borrador normativo, cuya fase de audiencia pública ha concluido con la recepción de más de 600 alegaciones, establecerá requisitos para los centros de datos de más de 1 MW de potencia eléctrica en materia de resiliencia y soberanía digital, así como de sostenibilidad energética e hídrica.
En el ámbito de la soberanía digital, los CPD deberán ser operados por una entidad establecida en la Unión Europea, mantener en territorio comunitario los datos relacionados con la operación de los centros y aplicar medidas frente a accesos de autoridades de terceros países que no estén amparados por el Derecho europeo.
Asimismo, deberán cumplir los estándares de categoría A –los más exigentes del etiquetado europeo– para la eficiencia en el consumo de agua, medido a través del indicador WUE, y de energía, mediante el indicador PUE.
La propuesta fija además que los centros de datos deberán abastecer el 80% de su consumo horario con nueva energía renovable, ya sea mediante autoconsumo o contratos de suministro eléctrico a largo plazo. Esta obligación decaería cuando el ‘mix’ de generación eléctrica supere el 90% de renovables.
Los proyectos deberán acreditar el cumplimiento de estos criterios para obtener acceso a la red eléctrica, y serán sometidos a verificaciones periódicas por parte del departamento que lidera Aagesen y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
En caso de incumplir el requisito de cobertura renovable, los centros afrontarán penalizaciones crecientes en sus facturas eléctricas, a través de los importes correspondientes a cargos y peajes, con el fin de compensar el eventual sobrecoste que de otro modo asumirían los demás consumidores. El incumplimiento reiterado podría derivar incluso en la pérdida del acceso a la red.
Los proyectos que todavía no se hayan conectado dispondrán de un plazo de seis meses para justificar su adaptación a las nuevas condiciones o renunciar a sus derechos de acceso sin que se ejecuten las garantías asociadas.
El Gobierno quiere así «un desarrollo ordenado y eficiente de los mejores CPD» y evitar los efectos de una implantación desordenada observados en mercados como Irlanda, Países Bajos o Estados Unidos, donde el auge de estas infraestructuras ha generado tensiones sobre la demanda eléctrica y de agua, así como rechazo social y moratorias a nuevos proyectos, según las fuentes consultadas.