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El alza de las materias primas por la guerra dispara un 23% el coste de obras como el asfalto de carreteras

La incertidumbre sobre la evolución de la situación geopolítica en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz sigue presionando al alza el precio de las materias primas que se usan en España para la construcción, hasta el punto de encarecer en un 23% obras como el asfaltado de carreteras entre enero y julio de 2026, según la Asociación Nacional de Constructores Independientes (ANCI).

La situación en Oriente Medio desatada por Estados Unidos e Israel a principios de año se traslada directamente al mercado energético, con fuertes incrementos en el precio del gas y del petróleo, que repercuten directamente en el coste de la electricidad y en el conjunto de las materias primas.

Los Índices de Precios de Materiales de Construcción reflejan, según los valores adelantados del Instituto Valenciano de la Edificación, incrementos de los materiales bituminosos y la energía del 38 y del 37%, respectivamente, entre enero y julio de 2026, lo que supone que su encarecimiento en apenas siete meses se aproxima al acumulado en los dos años de espiral inflacionista causada por la pandemia y la guerra de Ucrania.

El precio del resto de materiales también está siendo presionado por los costes de producción y transporte, destacando el incremento de un 19% en el aluminio y el acero corrugado y del 11% en los materiales cerámicos.

Los sobrecostes están afectando a todas las obras y muy especialmente a las obras de carreteras, que se han encarecido un 13%, especialmente las de renovación o rehabilitación de firmes, que cuestan ahora hasta un 23% más que el año pasado.

Asimismo, las obras aeroportuarias sufren un 9% de aumento de precio, las portuarias un 8%, las ferroviarias un 5% y las hidráulicas y de edificación un 5%.

Por otro lado, en una serie de obras en ejecución que fueron adjudicadas antes de 2021, estos sobrecostes se añaden al incremento acumulado desde entonces, que se encuentra entre el 27% y el 55% del precio de adjudicación, con una compensación máxima limitada al 20% por el mecanismo de revisión excepcional de precios de la normativa aprobada por el Gobierno.