Para ello, según ha explicado el vicepresidente responsable de Estrategia Industrial, el liberal Stéphane Séjourné, Bruselas quiere que se deje de considerar sistemáticamente el precio como único criterio para la selección y se abra a criterios sociales.
En concreto, la revisión del reglamento sobre contratación pública aboga por incluir en el procedimiento de adjudicación estándar «al menos el 30% de la evaluación» de la oferta responda a «cuatro criterios sociales» –incluso de hasta el 50% para contratos con alta intensidad de mano de obra–.
Los servicios comunitarios precisan que las autoridades contratantes pueden apartarse de este enfoque si explican cómo se garantizará la calidad de otra manera, por ejemplo, mediante requisitos mínimos de calidad.
Así las cosas, la propuesta apunta criterios de carácter social –condiciones de trabajo, accesibilidad o inclusividad–, medioambientales –descarbonización o circularidad–, de innovación –capacidad para crear nuevos productos– y criterios de seguridad y resiliencia.
Séjourné ha concedido que en ocasiones primera criterios sociales y medioambientales podría lastrar la «competitividad» de las empresas europeas que compiten con compañías de terceros países que no atienden a estándares tan altos como los que exige la legislación comunitaria; pero también ha puesto en valor que en materia de ciberseguridad o innovación, las firmas de la UE deberían estar por delante.
La «preferencia europea» seguirá primando en la estrategia comunitaria, ha dicho el vicepresidente, de modo que un contratador público pueda excluir operadores de países con los que no existen acuerdos comerciales sobre mercados públicos, estableciendo esa exclusión tanto en base a la nacionalidad de la empresa como al origen de los productos.
«Por ejemplo, un ayuntamiento podrá muy claramente excluir a una empresa china o a una empresa europea que ofrezca productos chinos; y podrá también, dentro de criterios de calidad, dar una mayor puntuación y visibilidad a las ofertas europeas», ha expresado Séjourné.
Por otro lado, el Ejecutivo comunitario defiende que para avanzar en la simplificación y reducción de la burocracia será clave la creación de un mercado digital integrado de contratación pública, compuesto por plataformas de contratación electrónica interconectadas e interoperables de los Estados miembros.
Una red única que permitirá a las empresas participar en los procedimientos de contratación y presentar ofertas en toda la UE a través de cualquiera de las plataformas de contratación electrónica conectadas, aplicando el principio de «una sola vez» y evitando así las solicitudes repetidas de información y documentación, agilizando por ejemplo al permitir verificar de manera automática los criterios de exclusión.