La patronal justifica la decisión por su responsabilidad como representante empresarial del sector y, especialmente, por la necesidad de defender determinadas cuestiones que considera esenciales no solo para esta licitación, sino también para evitar que determinadas prácticas puedan consolidarse en futuros concursos públicos.
La principal cuestión planteada en el recurso se refiere a la habilitación empresarial necesaria para prestar profesionalmente servicios propios de una agencia de viajes.
UNAV-Fetave considera que una licitación cuyo objeto es precisamente la prestación de «servicios de agencia de viajes» debe identificar de manera expresa la habilitación sectorial exigible y la normativa de la que deriva.
La actividad de las agencias de viajes está sometida a la correspondiente regulación turística y de consumo. Las comunidades autónomas han establecido diferentes regímenes y mecanismos de intervención administrativa, por lo que las empresas deben cumplir los requisitos sectoriales que resultan legalmente exigibles.
Para UNAV-Fetave, esta cuestión es especialmente relevante cuando determinadas prestaciones están legalmente reservadas a las agencias de viajes, como sucede con la organización y mediación de viajes combinados en los términos previstos por la normativa turística.
Por ello, la patronal reclama que los pliegos definan con claridad la habilitación empresarial y las exigencias sectoriales aplicables a las empresas que presten servicios de agencia de viajes.
«Como organización empresarial representativa de las agencias de viajes, no podíamos permanecer al margen ante una licitación de esta dimensión en la que entendemos que debe quedar perfectamente identificada la habilitación necesaria para ejercer nuestra actividad. No se trata de limitar la competencia, sino precisamente de garantizar que todos los operadores compitan cumpliendo las mismas reglas sectoriales», ha señalado César Gutiérrez, presidente de UNAV-Fetave.
CONDICIONES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
El recurso cuestiona también determinadas exigencias que inciden directamente en la organización interna de las empresas licitadoras, entre ellas la obligación de que al menos el 40% del personal adscrito al contrato sean mujeres.
UNAV-Fetave subraya que su objeción no se dirige contra las políticas de igualdad ni contra la presencia de mujeres en las empresas, sino contra la imposición desde los pliegos de una determinada composición de la plantilla sin que, a juicio de la organización, se encuentre suficientemente justificada por las características concretas del servicio.
La patronal considera que este tipo de exigencias deben estar especialmente justificadas y respetar los principios de proporcionalidad y libertad de organización empresarial.
CRÍTICAS A LAS CONDICIONES DEL CONCURSO
El recurso plantea asimismo objeciones respecto de la configuración económica de la licitación y de determinados criterios de adjudicación.
UNAV-Fetave considera necesario que los precios unitarios fijados por la Administración estén suficientemente justificados en relación con los costes reales que deben asumir las agencias para prestar el servicio.
Según la organización, el contrato exige una importante estructura de personal, medios tecnológicos, seguros, atención continuada, sistemas de gestión y otras obligaciones operativas.
Al mismo tiempo, una parte muy relevante de la puntuación incentiva la reducción de los cargos de gestión, el incremento de descuentos y la asunción por las agencias de determinados costes y riesgos adicionales.
La patronal entiende que estas condiciones deben estar respaldadas por una justificación económica suficiente que permita acreditar que el servicio puede prestarse en condiciones sostenibles y sin conducir a las empresas a operar con márgenes insuficientes o incluso a pérdidas.
UNAV-Fetave insiste en que el objetivo del recurso no es paralizar la contratación pública de estos servicios, sino contribuir a que una licitación de esta importancia se desarrolle con unas reglas claras, proporcionadas y económicamente sostenibles.
«Las Administraciones son un cliente fundamental para nuestro sector y queremos que exista la máxima concurrencia. Precisamente por eso creemos que los concursos deben permitir competir a las agencias en igualdad de condiciones, respetando nuestra regulación profesional y sobre unas bases económicas que hagan posible prestar correctamente el servicio», concluye César Gutiérrez.