Por un lado, el sindicato ha anunciado este viernes que, a través de la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI), reclamará a la Unión Europea que active el reglamento europeo ante crisis migratorias y «coopere con España con medios para resolver» una situación que califica de «dramática».
En ese sentido, el presidente de CSIF, Miguel Borra, visitará la ciudad autónoma el próximo jueves para reunirse con empleados públicos «de todos los sectores» y conocer y trasladar sus necesidades y exigencias. También se reunirá con la Cámara de Comercio y con la Confederación de Empresarios en Ceuta.
«En la semana del 21 de septiembre mantendremos distintas reuniones que en estos momentos estamos cerrando en Bruselas, porque creemos que se tiene que implicar también la Unión Europea», ya que esto «sobrepasa» a Ceuta y «afecta desde luego» a los Veintisiete, ha declarado en una rueda de prensa.
Por otra parte, el sindicato se ha dirigido formalmente esta semana al Tribunal Constitucional para que resuelva el recurso pendiente para recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010 aplicados por el Gobierno socialista liderado por José Luis Rodríguez Zapatero y en el contexto de la crisis económica.
«La reducción de las pagas extraordinarias fue una medida extraordinaria adoptada en un contexto de grave crisis económica. Sin embargo, 16 años después, ese recorte continúa integrado de forma permanente en la estructura retributiva de los empleados públicos, pese a haber desaparecido hace años las circunstancias excepcionales que lo motivaron», denuncia CSIF, que calcula que el recorte supone una merma media anual de 1.000 euros, para un total de 48.000 millones de euros retenidos en este concepto salarial.
Así, «confía» en que el Tribunal Constitucional se pronuncie «en breve» sobre dicho recurso –presentado en 2024– contra el rechazo de la Mesa del Congreso a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para recuperar esa estructura salarial, y anuncia que el Ministerio Fiscal ha emitido un informe «favorable» en el que establece que «una medida excepcional no puede convertirse de ninguna manera en permanente sin que haya una justificación suficiente», entre otros aspectos.
Además, afirma que el recurso afecta a «todas las futuras» ILP y determinará el alcance del derecho de participación política de la ciudadanía.
ACUERDO MARCO Y MOVILIZACIONES
La fuerza sindical también ha compartido que se dirigirá a Función Pública para reactivar el desarrollo del Acuerdo Marco, un «buen acuerdo» firmado en noviembre de 2025 que «hay que exigir que se ejecute», sostiene Borra.
Dicho acuerdo «garantiza» una subida en los salarios públicos de un 5% en 2027, desglosado en un 4,5% y un 0,5% variable activado por la inflación y que tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.
Asimismo, adelanta movilizaciones en «todas» las administraciones públicas ante el «malestar» laboral, «deterioro» y «sensación de abandono» de los servicios públicos.
En concreto, en la Administración General del Estado reivindica equiparación salarial entre administraciones, implementación del teletrabajo, refuerzo de plantillas, carrera profesional, jubilación parcial anticipada y actualizar retribuciones del personal en el exterior.
En Educación preparan un calendario de movilizaciones «sin descartar huelga» al inicio del curso 2026-2027, con una primera concentración el próximo 15 de septiembre en Madrid frente al Ministerio del ramo.
Para Correos, al que acusan de incumplimiento del acuerdo de 2024 –con medidas como el refuerzo de la plantilla, la jornada de 35 horas, la conversión de jornadas parciales a completas y el plan de rejuvenecimiento–, ya realizaron movilizaciones nacionales este jueves, a las que le seguirán otra el 17 de septiembre y una «gran concentración» en Madrid el día 30 del mismo mes.
Respecto a Justicia hacen un balance «nefasto» tras el primer año de implantación de los Tribunales de Instancia, mientras que para Sanidad reclaman un refuerzo estructural –«especialmente» en Primaria–, una mejora retributiva y un plan nacional de reducción de listas de espera.