Preguntado en una entrevista en RNE por el alcance de ese ultimátum, Álvarez ha precisado que el decreto sobre el registro horario «no es un acuerdo cerrado con los sindicatos», por lo que ha recalcado que «es evidente que el Gobierno o cumple, o el diálogo social está tocado».
Álvarez ha defendido que la reforma del registro horario es «absolutamente imprescindible» y ha apuntado que «hay 3 millones de horas extraordinarias que cada semana se hacen en nuestro país y que no se cotizan ni aparecen en ningún sitio».
Esto, según ha explicado, supone «un agujero de salarios para las personas que hacen esas horas, de recaudación para la Seguridad Social, de recaudación para la Hacienda Pública», por lo que ha reclamado que «de manera inmediata se utilicen todos los medios», que «hoy son muchos desde el punto de vista digital», porque no se puede perder más tiempo.
Este mismo miércoles, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado durante la rueda de prensa de valoración de los datos del paro que el compromiso del Ministerio es que el decreto para regular el registro horario pueda llegar «cuanto antes» al Consejo de Ministros, y ha negado que existan actualmente discrepancias entre Trabajo y Economía al respecto.
El secretario de Estado ha señalado que el compromiso es que el decreto pueda ir al Consejo de Ministros «cuanto antes», aunque ha precisado que habrá que tener en cuenta «la programación del propio Consejo de Ministros» y los asuntos que lleven otros departamentos.
CEPYME ALERTA DE LA CARGA PARA LAS MICROEMPRESAS
Por su parte, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, también presente en el programa de RNE, ha advertido de las dificultades que puede suponer para las microempresas la reforma del registro horario.
«Llevamos unos años donde tenemos 25.000 microempresas menos de las que teníamos en la época antes de la pandemia», ha señalado, y ha atribuido en gran parte esta situación a «la sobrecarga normativa que hay».
De Miguel ha apuntado que hay «muchísimas empresas de uno o dos trabajadores que no tienen por qué estar digitalizadas» y «muchísimas en zonas donde no llega la cobertura», además de señalar que «ninguna tiene un departamento de IT».
«¿Qué va a pasar cuando se caiga el sistema? ¿Cuánto va a tardar en venir alguien? ¿Quién va a pagar todos esos costes?», ha planteado.
Asimismo, ha señalado que las grandes empresas «ya tienen mecanismos electrónicos o digitales para controlar en la gran mayoría los horarios» y ha advertido de que la reforma puede «complicar la vida de la empresa más pequeña», que afrontaría «una carga más» junto a otros costes.