Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación, señalando que el Gobierno de Aragón presentará «las alegaciones que correspondan» y que un Real Decreto anterior ya preveía el desarrollo de esta legislación para «garantizar la sustentabilidad energética y medioambiental de los centros de datos».
«No es aceptable que cinco meses después no se haya hecho nada», se ha quejado Eva Valle, para quien la tramitación de urgencia de este Real Decreto pretende «ocultar la inactividad» del Gobierno de España a este respecto.
A su juicio, «el Gobierno de España ha mostrado claramente su incapacidad para desarrollar y ejecutar una planificación adecuada y a tiempo de la red eléctrica», también para «asegurar los accesos suficientes a los diferentes usos alternativos que tiene esa red, entre otros la llegada de inversiones» en centros de datos.
«Como han sido incapaces de llevar a cabo esa planificación, de planificar y ejecutar y de asegurar estos accesos, ahora se erigen en árbitros de ese razonamiento, de esa escasez y establecen unos criterios que todavía desconocemos para decidir a quién se asignará la escasa capacidad de red que existe en este momento».
Ha considerado que «los precedentes en la asignación de capacidades escasas no son buenos» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, ha continuado la consejera de Economía, rechazando «la discrecionalidad y enorme arbitrariedad» del Ejecutivo central.
De esta forma, el Gobierno de España «no ha mostrado una voluntad de diálogo con las comunidades autónomas que pudieran verse afectadas, poniendo en riesgo inversiones que afectan al crecimiento, al empleo, a la competitividad, no solamente de Aragón, sino del conjunto del país».