El Gobierno de Panamá tomó el control de los puertos Balboa y Cristóbal, ubicados en el canal de Panamá, controlados hasta entonces por la filial Panama Ports Company de la empresa con sede en Hong Kong «apoderándose de propiedades, equipos, tecnología, empleados y documentos y materiales confidenciales y protegidos», según informa CK Hutchison en un comunicado.
La compañía ha señalado que Panamá comenzó una campaña que incluyó la reversión de su postura legal respecto a la concesión que llevaba en vigor unos 30 años con el objetivo de sustituir a la filial de CK Hutchison, intentando «sistemáticamente encubrir su conducta mediante la desinformación».
Una vez notificado el fin de la concesión, el Gobierno panameño solo ha mantenido una reunión con la compañía y no ha ofrecido ninguna compensación por lo que reclaman la multimillonaria indemnización «por incumplimiento de obligaciones contractuales y del derecho internacional».
«Panamá ha demostrado ser un país de alto riesgo que ignora el estado de derecho, la forma jurídica de las empresas, el alcance de los contratos, el alcance de los acuerdos de arbitraje, los derechos derivados de los tratados y la resolución de controversias contractuales», reza la nota emitida por la compañía.