El presidente del IMAS justifica el retraso de la operación, que se prolonga ya más de un año, en que se centraron en otros proyectos
PALMA, 20 (EUROPA PRESS)
El Consell de Mallorca confía en cerrar la compra de la finca de Ca l’Ardiaca (Palma) en los próximos meses y ya planifica las obras que llevará a cabo para reformar un edificio en el que se atiende a personas en situación de vulnerabilidad social.
El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, ha asegurado que el expediente, que se inició hace más de un año, «sigue abierto» pese a que las negociaciones con la propiedad están bien encaminadas.
«Actualmente estamos con valoraciones por parte de los servicios jurídico y de arquitectura sobre los datos que obran en el catastro para certificar que todo está adecuado a la normativa. Tengo la convicción de que en los próximos meses se producirá la compra de Ca l’Ardiaca», ha afirmado en una entrevista con Europa Press.
Aunque no ha especificado cuándo se podría formalizar la adquisición, el también conseller insular de Bienestar Social se ha mostrado convencido de que será antes de finalizar este 2026.
El proceso se remonta a finales de abril de 2025, cuando la Asociación Es Refugi comunicó su intención de cerrar las instalaciones que tenían en una parte de Ca l’Ardiaca y en las que atendían a una veintena de personas en situación de exclusión.
Fue entonces cuando el IMAS, además de asegurar que se encargaría de la atención de estas personas, anunció su intención de llegar a un acuerdo para comprar la totalidad de la finca. Ca l’Ardiaca está dividida en cuatro edificios, de los cuales tres están bajo gestión del IMAS. No obstante, dos de ellos son propiedad de Es Refugi, que a su vez gestiona un cuarto inmueble.
DE UNAS SEMANAS A MÁS DE UN AÑO
La operación para hacerse con la totalidad de la finca, que entonces se estimó que se cerraría en unas semanas, se ha prolongado durante más de un año. Sánchez ha explicado que este retraso se debe a «los escollos administrativos», pero no a que se haya producido ningún «inconveniente».
«El retraso también se puede deber a que al final tenemos los servicios de arquitectura que tenemos y que teníamos hasta el 31 de julio para adquirir y reformar una serie de inmuebles con fondos europeos. Estuvimos muy centrados en no perder un solo euro, y cuando te centras en una cosa hay menos tiempo para otras», ha justificado.
También entra en juego el hecho de que el expediente de compra de Ca l’Ardiaca «no es sencillo», aunque las negociaciones con la propiedad «ya se hicieron en su momento».
«Estamos en la fase de compartir información documental para que todo esté de acuerdo a la normativa y podamos citarnos en la notaría para firmar la adquisición del inmueble», ha insistido Sánchez, quien no ha querido desvelar la cuantía económica que desembolsará el Consell de Mallorca.
Lo que sí que tiene claro la institución insular es que llevarán a cabo una serie de obras de mejora e inversiones que ya están planificando y que permitirán «dignificar los servicios de inclusión social» de un espacio «referente en la atención residencial a los colectivos vulnerables».
EL SINHOGARISMO, UNA REALIDAD CRECIENTE
La compra de Ca l’Ardiaca permitirá habilitar más recursos para tratar de responder al fenómeno del singhogarismo, «una realidad creciente no solo en Mallorca sino en toda Europa y que va sobre todo aparejada al crecimiento poblacional».
«Allí donde se producen crecimientos exponenciales de población crece el sinhogarismo, desgraciadamente. Y como somos competentes en la materia, nos vemos obligados a incrementar los recursos», ha subrayado el presidente del IMAS.
El último censo formal elaborado en Mallorca, que data de 2024, cifró en unas 440 las personas que estaban abocadas a vivir en la calle. Desde entonces no se ha actualizado el dato, pero se hará próximamente a través de un proyecto impulsado por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y la Red Europea de lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en el que participará el Consell insular.
«Esto no implica que nosotros no manejemos datos, porque en la unidad móvil de emergencia social (UMES) conocen la situación y la realidad que hay», ha puntualizado Sánchez.
El responsable del IMAS ha considerado que el sinhogarismo, más todavía en contextos como el de Mallorca en el que su magnitud se está incrementando de forma paulatina, debe ser abordado no solo desde la óptica de los servicios asistenciales sino también desde el acompañamiento social.
«Los recursos asistenciales pueden crecer hasta el infinito, pero así no rompes la problemática. Hay que evitar que se produzcan estas bolsas de sinhogarismo y eso se ataja a través de oportunidades. Si atendemos desde el primer momento a estas personas, tenemos altas probabilidades de que salgan de esta situación. Pero si se quedan ahí unos meses, la situación se cronifica y las tasas de éxito bajan exponencialmente», ha subrayado.
No solo está aumentando el número de personas que no encuentran más remedio que tener que vivir en la calle, sino que los perfiles también han cambiado.
Las entidades sociales vinculadas a la Iglesia han llegado a utilizar el término de «el nuevo excluido» para referirse a esta diversificación del sinhogarismo, que afecta tanto a jóvenes mileuristas como a jubilados con escasas pensiones, pasando por familias con menores o pacientes psiquiátricos y oncológicos.
«Es verdad que antes el perfil de las personas que estaban en situación de calle era más acotado y ahora es más diverso. Desgraciadamente se ha incrementado el número de mujeres y también hay personas jóvenes», ha analizado Sánchez.
Eso, ha proseguido, ha obligado al IMAS a adaptar su respuesta a las nuevas realidades de las personas sin hogar. «Cada una tiene unas necesidades y no podemos atender de la misma manera a un joven, al que podemos reincorporar al mercado laboral, que a un anciano», ha reconocido.
LA ANTIGUA PRISIÓN DE PALMA, UN EJEMPLO
Un ejemplo de las muchas caras del sinhogarismo, una situación en la que Sánchez ha considerado que «puede acabar cualquier persona», fue la antigua prisión de Palma, en la que llegaron a residir de forma irregular más de 200 personas y que fue desalojada en junio.
El IMAS, ha indicado su presidente, se puso a buscar soluciones para estas personas desde el momento en el que los informes del Ayuntamiento de Palma constataron que su permanencia en el inmueble suponía «un riesgo grave para su vida».
«Se ofreció recursos a todos. No hubo una sola persona, y hay un informe que así lo certifica, que no hubiera recibido algún tipo de atención. Algunos simplemente dijeron que no querían saber nada de los servicios sociales, pero todo aquel que lo solicitó recibió algún tipo de atención», ha afirmado.
Por los servicios del IMAS, tanto residenciales como de inserción social y laboral, pasaron unos 45 residentes del abandonado recinto penitenciario. Aunque ha admitido no disponer de datos actualizados, ha confiado en que muchos de ellos sigan vinculados a la institución.