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Competencia de Reino Unido investiga a Virgin y Trainline por ocultar presuntamente precios a los clientes

La Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) ha anunciado el inicio de dos investigaciones a Virgin Atlantic y Trainline por posible ocultamiento de tarifas obligatorias que deberían incluirse en los precios mostrados a los clientes a la hora de reservar sus billetes o paquetes.

Este anuncio forma parte de un campaña del regulador contra las prácticas de precios engañosas, incluyendo aquellas en las que los cargos obligatorios se separan del precio anunciado o se añaden posteriormente durante el proceso de compra, lo que se conoce como «precios escalonados».

Tal y como ha explicado en un comunicado, estas actividades también pueden afectar la competencia entre empresas, ya que «una empresa que utiliza precios escalonados puede parecer falsamente más barata que un competidor y atraer a más clientes».

Sobre Trainline, en primer lugar, se está investigando si todas las tarifas obligatorias se han incluido en los precios mostrados a los consumidores que compran billetes de tren y autobús por adelantado a través de su aplicación y página web.

En el caso de los viajes en tren, el organismo británico observó transacciones con tarifas que oscilaban entre 0,59 y 2,79 libras. Para las reservas de autobús, la tarifa de reserva era de 1,50 libras. Ambos son costes que pueden acumularse para los viajeros frecuentes, según la CMA.

Por su lado, la inspección a Virgin Atlantic se centrará en determinar si las tasas turísticas obligatorias y los impuestos locales se han incluido en los precios de los paquetes vacacionales. «Estas tasas varían, pero pueden costar cientos de libras y aumentar significativamente el precio de las vacaciones», ha añadido la Competencia británica.

Ambas actuaciones se basarán inicialmente en la recopilación de información y pruebas hasta el próximo mes de enero de 2027. Por ello, la CMA se encuentra al comienzo de sus investigaciones y aún no ha llegado a ninguna conclusión sobre si estas empresas han infringido la ley.

Si, finalmente, la entidad estatal determina que se ha infringido la legislación de protección al consumidor, podría imponer multas y reembolsos a los consumidores.