20minutos

“A ETA la disolvimos hace tiempo nosotros, el Estado de Derecho”

El actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, nos descubre, entre otras cosas, qué le llevó a estudiar derecho o qué caso recuerda como el más especial.

meneame
Compartir
Fernando Grande-Marlaska posa en exclusiva para la revista Forbes en las dependencias del CGPJ unas semanas antes de que fuera nombrado ministro del Interior por Pedro Sánchez. © Pablo Tribello

Fernando Grande-Marlaska (Bilbao, 1962) es un conocido juez que ha pasado por prácticamente todos y cada uno de los estamentos judiciales. Al acabar la carrera, en junio de 1985, en la Universidad de Deusto, no tenía muy claro que quería ser juez: “No sabía cómo afrontar la vida, así que me puse a trabajar en una empresa de exportación en Bilbao”. Pero no tardó en darse cuenta de que aquello no era lo suyo, y decidió preparar la oposición a judicatura. Ingresó en 1988 en la carrera judicial y pasó por los juzgados de Santoña, Bilbao y Madrid, hasta que en de junio de 2004 se incorporó como magistrado en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, sustituyendo provisionalmente al juez Baltasar Garzón. Cuando Garzón volvió, Marlaska pasó al juzgado número 3, donde permaneció hasta 2012, año en que fue elegido presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, en 2013, en vocal del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del PP.

Por sus manos han pasado importantes sumarios sobre ETA y su entorno, hasta el punto de que mandó a prisión a Arnaldo Otegui y a otra decena de destacados dirigentes de Batasuna. Instruyó, además, el ‘chivatazo’ dado a ETA en el bar Faisán en 2006. Lo que motivó que tuviera que llevar escolta durante un tiempo, porque ETA, a través del comando Vizcaya, lo tuvo entre sus objetivos.

¿Por qué decidió estudiar derecho?

En un principio mi intención era estudiar historia, pero siguiendo los consejos de mi familia y pensando en mi futuro y en las salidas profesionales, me inculcaron estudiar derecho económico, que era la especialidad en Deusto. Recuerdo que la época de la universidad fue en síntesis tranquila y feliz, pero sin pensar mucho en el futuro, sino en el día a día, sin más. Fui un estudiante normalito, de notables, alguna matrícula sí que tuve, pero estudiaba siempre al final del trimestre y solía aprobar todo a la primera.

Tras licenciarse empezó a trabajar en una empresa de exportación en Bilbao, pero no era lo suyo y decidió preparar la oposición a judicatura. ¿Qué le hizo dar ese giro?

Me metí en el mundo de la empresa, ya que era la salida lógica cuando acabé la carrera. Rápidamente descubrí que no me sentía mínimamente realizado y que tenía que buscar otra cosa. Un día me comentó un amigo de la facultad que estaba preparando las oposiciones para la judicatura, me quedé un poco con ese ‘run run’… Al poco tiempo fui a la universidad a hablar con un profesor de derecho penal que conocía, José María Lidón, que luego fue asesinado por ETA. Le comenté que no me sentía a gusto en mi trabajo, y él, que en ese momento estaba como magistrado suplente en la Audiencia Provincial, me hizo loas de lo que era la carrera judicial y me aconsejó que me pusiera en manos de Juan Alberto Belloch, que era presidente de la Audiencia Provincial de Bilbao y preparaba a opositores candidatos a la judicatura. Me pondría a prueba, y si veía que yo tenía posibilidades, seguiría conmigo. Así que sin tener una vocación clara hacia la judicatura, empecé a estudiar en 1986 y un año después aprobé. Fue un momento glorioso para mí.

Nada más llegar a Santoña tuvo que enfrentarse al suicidio en el penal del Dueso de Rafi Escobedo, condenado por el crimen de los marqueses de Urquijo. ¿Qué experiencia sacó de un caso tan mediático?


Cuando llegué al juzgado de Santoña tenía solo 26 años y tuve que afrontar aquel suicidio en un momento en que los casos judiciales empezaban ya a tener una importante repercusión. Así que, en mi primer día en el cargo me tocó encargarme de la diligencia: para reconstruir los hechos se interrogó a funcionarios y a algunos internos con el fin de determinar si se había tratado de un suicidio o de un homicidio. Éste era un asunto que realmente había conmovido a España porque Rafi Escobedo fue condenado por el crimen de sus suegros. Fruto de esa derivada, tuve que enfrentarme a diario a ver las cámaras de televisión delante de los juzgados. La verdad es que lo viví de una forma bastante normal, y es curioso que en aquel encuentro con las cámaras no me sintiese cohibido. Casi me pueden abrumar más ahora. Pero en esos momentos quizá jugamos con una temeridad del neófito que se enfrenta a distintos temas y lo hace con una espontaneidad que es positiva porque consigue dar lo mejor de sí mismo sin ser consciente de que lo está dando.

De todos los casos que ha juzgado, ¿cuál recuerda como más especial?

Es muy difícil, aunque recuerdo, en mis inicios en Bilbao, el de un niño que quedó parapléjico por una caída en una excursión escolar a la peña de Orduña. Para mí, la paraplejia era mucho más que una silla de ruedas, era la pérdida del control de esfínteres o del deseo sexual por la altura de la lesión medular que tenía; y su vida se iba a ver frustrada en extremo. En ese sentido, para mí fue esencial garantizar que ese niño tuviera la indemnización justa para toda su vida. Otros casos especiales son todos aquellos relacionados con el terrorismo de ETA y el terrorismo islámico. En la Audiencia Nacional, el peor momento fue el de tener que dejar sin efecto la doctrina Parot.


Cuando tiene que dictar una sentencia condenatoria sobre asesinato, violación… ¿cómo son esas horas antes de comunicárselo al acusado?

Normalmente son horas o días tranquilos de trabajo. A veces, en el transcurso de los juicios, el juez no tiene más remedio que intervenir en cuestiones de naturaleza más chusca, permítaseme el vocablo, y lo vives como parte de tu profesión, no voy a decir de una forma absolutamente fría, pero como sucede en cualquier otro tipo de profesional, con las diferencias sustanciales de cuál es el contenido de cada profesión.


Fue uno de los jueces que más ha combatido contra ETA. ¿Qué le ha parecido que la organización terrorista haya comunicado su disolución sin pedir perdón?


Muchas veces digo que a esos comunicados no hay que darles ninguna importancia o relevancia, salvo que tengan un contenido material, que reconocieran realmente su responsabilidad, que pidieran perdón a todas las víctimas y que colaboraran en la posible satisfacción de las mismas dando a conocer responsabilidades en los delitos cometidos y todavía no esclarecidos. Creo que, a día de hoy, un tercio de los asesinatos siguen sin esclarecerse. Así que, mientras tanto, no le doy importancia a ningún pronunciamiento de la organización terrorista. A ETA la disolvimos hace tiempo nosotros, el Estado de Derecho. Es decir, la sociedad española en general, las fuerzas de seguridad del Estado, etc., fuimos los que dentro del Estado de Derecho conseguimos realmente que la banda terrorista tuviera que decir adiós a las armas. No lo hicieron ellos por propia iniciativa, sino que les obligamos.

© Pablo Tribello

La corrupción es uno de los temas que más preocupa a los españoles. ¿Por qué se puede ‘desviar’ tanto en política y a sus líderes importantes les sale tan gratuito?

Yo no sé si le sale gratuito o no a la gente y a los políticos, no puedo llegar a esa conclusión. Sí que puedo decir que la corrupción es una de las principales lacras en nuestro país y pone en tela de juicio el Estado de Derecho, y esto quizá no lo dice mucha gente, pero yo lo digo en los mismos términos que trato de poner el terrorismo, con sus diferentes efectos. Creo que las conductas delictivas de la corrupción, mal endémico de la democracia en general, y de la española en particular, respecto al Estado de Derecho es tan dañina como el terrorismo. Qué mayor deslealtad que aquella que practica la gente que ha sido elegida por nosotros y que desde dentro de las instituciones, cuando se les ha dado la confianza, faltan a ella sin escrúpulos. Dicho esto, creo que en este país, en estos términos y con todas las deficiencias que podamos observar o que se puedan plasmar, vemos que ha habido sentencias por casos de corrupción, algunas ya firmes, y que se están cumpliendo penas y desarrollando procedimientos. No digo que nos tengan que llevar a una satisfacción absoluta, pero por lo menos al sentimiento de que no existe impunidad y que el poder judicial está trabajando en esa materia.


Los jueces son un gremio muy codiciado por determinados grupos sociales poderosos y políticos. ¿Hay que tener mucha integridad para no dejarse convencer por esos grupos?

Esta pregunta así expuesta sólo admite una respuesta: sí. Pero yo primero diría que no sé hasta qué punto somos codiciados por to- dos esos estamentos poderosos. También quiero ser bondadoso con ellos en el sentido de que no creo que todos los que integran esos poderes políticos, económicos y sociales, traten de instrumentalizar a los jueces o a otras instituciones. Creo que también pueden ser respetuosos tanto con el poder judicial como con cualquiera de sus integrantes. No quiero creer que siempre piensen en nosotros en términos de cómo instrumentalizarnos o de cómo perturbarnos en el desarrollo de nuestro trabajo. Ya hay algunos que sí, pero no quiero pensar que es la mayoría. ¿Cómo lo solventamos? Con formación. Somos un colectivo con una formación importante y continuada, que es un derecho y un deber, y dentro de esa formación, que no es sólo técnico-jurídica, cobra muchísima importancia la formación en valores que garanticen nuestra independencia e imparcialidad. Los que formamos parte del poder judicial, somos la tutela de los derechos y libertades fundamentales del ciudadano y, por lo tanto, la independencia y la imparcialidad no es un derecho de los jueces, sino un derecho del ciudadano a tener una justicia independiente e imparcial.

La sentencia de La Manada ha causado indignación entre la ciudadanía y varios políticos relevantes plantean un cambio del Código Penal. ¿Usted es también partidario de ello?

Dentro de la cautela, como vocal de CGPJ, puedo decir que las sentencias se dictan por los órganos judiciales competentes después de haber practicado la prueba en el procedimiento oportuno, que pueden y deben ser objeto de crítica. En cuanto a las manifestaciones de reforma del Código Penal, en ese sentido creo que no se puede legislar a golpe de evento o de situación creada. Las situaciones puntuales nos pueden hacer reflexionar, pero de eso a decir que es necesaria indefectiblemente una reforma, y sobre todo del Código Penal, creo que hay un trecho importante, y que antes de tomar decisiones o resoluciones, hay que pararse a reflexionar.

¿Qué le parecen los juicios paralelos que se hacen en las cadenas de tele- visión de los casos más mediáticos?

Siempre tengo mucho respeto a la libertad de información. Pero el problema viene cuando lo que realmente pretende esa información es componer el propio procedimiento judicial. Lo peligroso es cuando ese desarrollo informativo, o eso que llamamos juicio paralelo, lo que busca es imponer a la actuación judicial esas conclusiones que ellos sacan con carácter periodístico.

Hace años reconoció públicamente su homosexualidad. ¿Ha pagado peajes por su condición sexual y ser juez?

En mi vida personal puede ser que alguno, pero por ser juez quizás he pagado menos.